El nuevo precio del agua desalada trae de cabeza a los regantes del Trasvase, ya que todavía ignoran el coste que tendrán que pagar en los nuevos convenios. El presidente de la empresa estatal Acuamed, Francisco Javier Baratech, señaló este jueves que se tiene que llegar a un acuerdo con los regantes «sí o sí», si se quieren aprovechar los nuevos fondos europeos 'Next Generation' para ampliar cinco plantas desaladoras en las provincias de Murcia, Alicante y Almería, con el objetivo de incrementar en 100 hectómetros cúbicos anuales la producción de este recurso.
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Recorte del Trasvase
En la segunda jornada del Congreso Nacional de Riegos que tiene lugar en la sede de la UPCT, Baratech indicó que las obras de estas ampliaciones no se iniciarán hasta que se firmen los convenios con los regantes del Trasvase.
Estas aportaciones cubrirán el recorte previsto en el Trasvase de unos 80 hectómetros anuales. El máximo dirigente de Acuamed señaló que en estos momentos no se puede saber qué precio tendrá el agua desalada, un aspecto que inquieta a los regantes. Apuntó que la financiación europea y la construcción de tres grandes plantas fotovoltaicas de autoconsumo contribuirán a contener el precio de la desalación. Algunas comunidades de regantes indicaron que Acuamed les pide hasta 80 céntimos por metro cúbico, frente a los 50-53 actuales, lo cual consideran prohibitivo e imposible de asumir.
Baratech señaló al respecto que, de aplicarse, sería el precio para un contrato de pocos meses, pero la estrategia de Acuamed es establecer convenios por tres o cuatro años, con una tarifa similar a la actual si es posible, aunque este aspecto se encuentra muy abierto todavía, y la fórmula está por decidir, entre la que no descarta «compartir riesgos» con los usuarios. Apuntó que Acuamed ha podido contener hasta ahora los precios fluctuantes de la electricidad, y la escalada que han experimentando, debido a la energía que compró en el mercado de futuro.
«Tenía gran interés en venir a la Región de Murcia para decirles a todos los usuarios que la predisposición de Acuamed es la mejor posible», indicó. Pidió la «implicación» de todos para sacar adelante la ampliación de las desaladoras y ver qué sistema se utiliza, habida cuenta de que el coste de la energía eléctrica se encuentra disparado en estos momentos. Consideró «inamovible» el hecho de que Acuamed tiene que recuperar los costes de inversión. Las ampliaciones proyectadas son las de las desaladoras de Torrevieja (40 hm3), Valdelentisco (20), Águilas (10), Almería (5), Almanzora (15) y Dalias (10).
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«No nos dan esperanza»
En la mesa moderada por el presidente de los regantes del Trasvase, Lucas Jiménez, también intervinieron el director del Cebas, Juan José Alarcón; la responsable de asuntos internacionales de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, Gari Villa-Landa; y el subdirector general de Planificación Hidrológica del Ministerio, Víctor Manuel Arqued.
En el turno de preguntas, el presidente de Riegos de Levante Margen Derecha, José Antonio Andújar, se mostró muy crítico: «El panorama que se presenta es que nos busquemos otra profesión. No nos dan esperanzas». Apuntó que el precio que se está pidiendo por el agua desalada «es inasequible».
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Arqued admite que hay «incertidumbre» en el precio de la desalación, y que deben «correr» para no perder fondos de la UE
«Ponerse las pilas»
En la segunda mesa, moderada por Mariano Soto, intervinieron el presidente de Seiasa, Francisco Rodríguez Mulero; el director general del Agua de la Comunidad, José Sandoval Moreno; el presidente del Grupo Tragsa, Jesús Casas; y un representante de Fenacore. La ponencia estuvo a cargo de la directora general de Desarrollo Rural, Isabel Bombal.
Mulero y Casas pusieron de relieve que los agricultores «deben adaptarse al momento actual». «No se puede mirar hacia atrás, todo ha cambiado. Se va a tener que producir más con menos, y avanzar tecnológicamente todos los días. Tenemos que ponernos las pilas», señaló el dirigente de Tragsa, quien se mostró «optimista» sobre el futuro.
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«Si la intención del Ministerio hubiera sido cerrar el Trasvase, ya lo habría hecho»
El subdirector general de Planificación Hidrológica del Ministerio para la Transición Ecológica, Víctor Manuel Arqued, indicó que la ampliación de la desalación permitirá cubrir la merma de los caudales trasvasables del Tajo al Segura, y negó que el Ministerio tenga intención de cerrar el acueducto para el regadío, como temen los usuarios.
«Si la intención del Ministerio hubiera sido cerrarlo, ya lo habría cerrado. Pensamos mantener las cosas como están, siendo conscientes de lo que va a suponer el caudal ecológico del Tajo», declaró a LA VERDAD refiriéndose a una posible merma de 70 a 80 hm3 anuales. «Eso va a quedar compensado con la ampliación de las plantas desaladoras y con la búsqueda de un precio que pueda ser atractivo para los regantes».
Reducción de aportaciones
En relación a la subida del caudal ecológico del Tajo, el alto cargo ministerial expuso que la solución que han planteado, de incrementarlo de 6 a 8,6 metros cúbicos por segundo, «encaja con todos los objetivos que se persiguen, de alcanzar en el Tajo un nivel de caudales ambientales suficiente y justificable, ligado además a la depuración de las aguas de la Comunidad de Madrid. Si los envíos por el acueducto se ven reducidos, lo podemos compensar perfectamente con la ampliación de las desaladoras», recalcó. El subdirector general de Planificación Hidrológica reconoció que existe «incertidumbre» sobre el precio del agua desalada.
Señaló que la idea es poner en marcha las medidas lo antes posible porque «construir esto nos llevará unos años». Admitió que habrá que «correr» para disponer de los fondos 'Next Generation' de la UE. «Reconozco que podemos tener un problema, pero intentamos no desaprovechar esta ocasión. Nuestra intención es que haya un porcentaje alto de inversión durante los primeros años, aunque nos cueste arrancar».
Recordó que las previsiones anticipan una reducción del 10% de la disponibilidad de agua en la cuenca del Segura para los próximos 20 o 30 años, y de hasta el 50% para final de siglo. «El objetivo es mantener los niveles de productividad y beneficio del sector agrícola», dijo Arqued.
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