La vía alternativa a los juicios sigue sin despegar en la Región de Murcia

El pleito nos ciega. Si no es difícil de explicar cómo están inundados los juzgados de controversias de particulares y empresas que en un porcentaje importante de los casos se podrían solucionar con un sencillo proceso previo de mediación que evitaría tener que litigar. Pero la cultura del arbitraje sigue siendo testimonial en la Región de Murcia, tal como sucede en toda España, por mucho que se cuente con órganos e instituciones que vienen trabajando en ello ya desde hace años, como la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio, la Unidad de Mediación Intrajudicial del TSJ, las junta arbitrales de Consumo y Transportes, gabinetes de mediación, o incluso de siglos, como el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia; y de que la propia legislación haya dado saltos adelante para que los ciudadanos resuelvan sus cuitas sin tener que ir abocados a los tribunales.

Así que la figura de los mediadores avanza muy lentamente en la Región a pesar de que casos como rupturas matrimoniales, sobre todo, en separaciones amistosas cuando prima el acuerdo mutuo, conflictos familiares, disputas económicas y empresariales, reclamaciones profesionales, problemas financieros con los bancos, conflictos vecinales, relaciones deterioradas con denuncias reiteradas, podrían saldarse de forma más rápida y con menor coste.

«El arbitraje debería ser el cauce lógico de las pequeñas disputas. Lo que podríamos llamar la Justicia de lo cotidiano», señala José Ignacio Pérez, jefe del servicio de Arbitraje de Consumo de la Comunidad, quien reivindica esta fórmula como herramienta eficaz para reducir la carga de casos de todo tipo que llegan a los tribunales. Este funcionario, licenciado en Derecho, capitanea un equipo integrado por una decena de personas a los que les toca resolver cada semana, en audiencia, entre 70 y 80 desacuerdos que se producen entre consumidores y empresas, comercios o profesionales murcianos. De igual manera lo ve el presidente de la Corte de Arbitraje cameral, Pedro García Cuesta, creada en 1991 para la solución extrajudicial de litigios mercantiles, que hace hincapié en el valor que tiene este procedimiento, al ser «más ágil, más rápido y menos costoso que la jurisdicción ordinaria».

Una apuesta institucional por la cultura del arbitraje que por ahora no cumple con las expectativas. Mientras tanto, los índices elevados de litigiosidad ante la Justicia, como consecuencia de la escasa voluntad de pacto, tiene consecuencias negativas evidentes en cuanto a la calidad del servicio que se presta, sobre todo, respecto a las demoras.

Hay que tener en cuenta que la mediación es un procedimiento voluntario en el que las partes solicitan y aceptan la intervención de un árbitro neutral con el fin de favorecer la búsqueda de acuerdos consensuados. En cambio, no tiene mucho sentido la mediación cuando no existe un acuerdo mutuo para participar, existe una limitación de la capacidad de decisión de las partes, o en los casos de situaciones de violencia.

Según cálculos de Instituciones para la Difusión de la Mediación (IDM), que agrupa a diferentes entidades y colectivos empresariales y profesionales en Madrid, uno de los indicadores más relevantes es que el número de casos judiciales que alcanzan un acuerdo en mediación ronda el 50%, lo que supone una importante descarga para el sistema judicial. Por ello, cuando las partes litigantes en un conflicto, que son derivadas por el juzgado a mediación, aceptan comenzar este tipo de proceso, tienen ya la mitad de probabilidades de alcanzar un acuerdo. Además, si esa mediación se realiza previa a la demanda se estima que ese porcentaje aumenta hasta el 70%.

Aún así, la judicialización se ha disparado en todo el país, y la Región es un claro ejemplo de ello. De ahí la importancia de buscar alternativas a la resolución de conflictos, ya sea por mediación, arbitraje o conciliación. Sin embargo, las cifras modestas que se alcanzan al respecto, como en la Junta Arbitral de Transporte de la Región, donde apenas se ronda las 250 solicitudes al año, refleja lo lejos que se está todavía del objetivo de disminuir la ingente cantidad de demandas judiciales en esta materia.

En cuanto a la mediación como tal, queda mucho por hacer, igualmente, en el mundo empresarial y financiero, así como en el familiar, especialmente con las herencias, de ahí la importancia de impulsar incentivos para seguir avanzando en esta alternativa. Por ejemplo, con más promoción de este sistema y mayores bonificaciones, bien en forma de reducción de costes o mediante ayudas.

«La Ley de Segunda Oportunidad, por ejemplo, está permitiendo a muchas personas reordenar sus deudas y sacar la cabeza, pero creo que no ha tenido todavía el recorrido suficiente», advierte la abogada murciana Rosa Vigueras, especializada en mediación y resolución de conflictos en el ámbito civil y mercantil.

Distintos expertos coinciden en que, tras 40 años de dictadura, con la democracia se pasó a judicializar todo. Y eso sigue predominando. De ahí la importancia de fomentar las vías alternativas para la resolución de conflictos. Incluso, algunas voces apuntan a que debería exigirse la mediación en algunos procedimientos de forma previa obligatoria, como ocurre en Italia, donde se ha experimentado un importante crecimiento. También apuntan a esa exigencia en áreas específicas, como comunidades de propietarios y arrendamientos.

«Este año se aprecia un incremento de las solicitudes, aunque esto va por épocas», reconoce el jefe del servicio de Arbitraje de Consumo de la Región, José Ignacio Pérez, que lleva veinte años encargándose de dirimir conflictos entre consumidores y empresas. Hasta una docena de expedientes le tocó analizar en audiencia el pasado jueves en la Junta Arbitral que presidió, «casi en su totalidad relacionados con asuntos de telefonía», indicó. Algo que se explica por la estrategia comercial agresiva de muchas operadoras con sus promociones. Otro porcentaje importante de casos tiene que ver con las compañías eléctricas, sobre todo, «a raíz de las sustituciones de los contadores analógicos por los digitales, lo que generó muchas reclamaciones, aunque es cierto que están disminuyendo», así como por «las disconformidades con las grandes superficies».

Un aspecto a tener en cuenta es que la Junta interviene a petición de cualquiera que lo solicite siempre que la empresa esté adherida al arbitraje o cuando expresamente lo acepte por escrito para un caso concreto que se le proponga, sin perjuicio de la protección administrativa y judicial. Entre las principales características del servicio, aparte de la voluntariedad y la imparcialidad, destaca su gratuidad, que alcanza hasta el coste de las pruebas cuando son propuestas por la Junta; la ejecutividad, porque los laudos que se dictan son de obligado cumplimiento, y la rapidez, porque se resuelve en un máximo de seis meses desde la admisión a trámite de la solicitud. Aunque la realidad es que este plazo es el reglamentario, porque la mayoría de los casos se saldan en poco más de tres meses.

José Ignacio Pérez reivindica que este sistema «es el modo ideal para resolver muchos casos, en los que hablamos de pequeñas cantidades económicas, donde no tiene sentido acudir a la Justicia». Así se lo transmitió a un grupo de alumnos de Práctica Jurídica presentes en la sala de audiencias. «Recuerdo cuando empecé que eran muy pocos los casos que llegaban; después se experimentó un crecimiento importante y ahora estamos estabilizados en algo menos de 3.000», apunta. Por ello, la importancia de promocionar más el servicio, simplificar los trámites y acercarlo más a la gente, como puede ser el uso de la videoconferencia en las audiencias.

murcia. Escuchar mucho y empatizar al máximo. Desde esas dos premisas arranca la forma de trabajar con sus clientes de la abogada Rosa Vigueras, de la firma Modera, en Murcia. «Así es como tratamos de ayudar a arreglar los problemas económicos que nos presentan, así como los conflictos familiares que se arrastran en muchos casos como consecuencia de esa realidad», señala esta especialista en mediación empresarial y bancaria. En su opinión, «es importante desdramatizar cualquier situación, excepto cuando hay casos de violencia de por medio, para poder trabajar como un equipo a la hora de buscar la mejor solución».

«Muchos pequeños empresarios y autónomos están en una situación crítica por las deudas acumuladas debido a diferentes circunstancias, pero no saben cómo salir de esa realidad. Así que lo primero que hacemos con los que acuden a nosotros es escucharlos y ofrecerles alternativas, como las que aporta el plan Renace, del Info, que mediante acuerdos extrajudiciales posibilita reducir o eliminar las cargas financieras contraídas durante la crisis para que puedan volver a la actividad», indica Vigueras.

Con todo, la realidad es que desde que se puso en marcha este programa, en 2017, apenas se contabilizan unos 120 expedientes, cuando la cifra de potenciales beneficiarios sería enorme tras los efectos de la crisis en los últimos años.

«Pero hay muchas personas que les cuesta hablar de estas cosas y están con una autoestima baja, por eso tratamos de reforzarlos en lo personal, transmitiéndoles una imagen positiva del fracaso, para desde ahí poder afrontar el problema», manifiesta esta profesional del Derecho que también colabora en la Unidad de Mediación Intrajudicial de Murcia (Umim), del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Eso sí, mientras «no dejamos de partimos la cara en la negociación con los bancos y otros acreedores para llegar a acuerdos».

«Hemos atendido a matrimonios que han venido para divorciarse, reprochándose sus problemas económicos y, sin embargo, tras aceptar la mediación se han dado una nueva oportunidad como pareja, tras aparcar los reproches», resalta Vigueras, que insiste también en la oportunidad de trabajar así con las familias ante los conflictos con las herencias.

El servicio regional de Mediación Hipotecaria de la Vivienda cifra en 1.380 las actuaciones con los bancos desde su creación, con el 90% de casos resueltos con dación en pago y negociación de refinanciación.

Murcia. Desde la Cámara de Comercio de Murcia tienen claro que el arbitraje se configura como la herramienta idónea para la resolución de conflictos y controversias en el ámbito empresarial. De hecho, el plazo de resolución alcanzado en la actualidad, que tiene el mismo valor que una sentencia firma, se sitúa en tan solo cuatro meses, dos menos del plazo máximo. «Y ya se sabe que para un empresario el tiempo es oro», resalta el presidente de la Corte de Arbitraje, Pedro García Cuesta, quien junto con Emilio Alonso, como secretario técnico, está al frente de un órgano que resuelve una decena de casos al año.

Desde que se puso en marca la Corte de Arbitraje, hace 27 años, se han emitido 270 laudos, de los que apenas dos fueron anulados por la Justicia por cuestiones de forma, lo que corrobora su «fiabilidad», a los que se unen otros valores como «rapidez, economía de costes, especialización y confidencialidad», tal como destacan. Además, un tercio de procedimientos se sustancian con un acuerdo entre las partes.

Los asuntos tratados se correspondían en un 70% con contratos mercantiles. La cuantía media es de 105.000 euros. Aunque llegó a emitirse en una ocasión un laudo en un conflicto entre una empresa murciana y una multinacional por valor de 6 millones de euros. «Hace falta una labor de mayor pedagogía y difusión para que se pueda conocer más entre los empresarios la utilidad de la Corte de Arbitraje, algo que es más común en la cultura anglosajona», concluye.

El presidente del Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia, Diego Frutos, tribunal consuetudinario para los asuntos de riego, donde se imparte un tipo de justicia basada en la costumbre, manifiesta que «más del 90% de los expedientes que nos llegan se resuelven desde el consenso, con una labor de arbitraje entre las partes», mientras que solo en el 10% restante se tiene que dictar una sentencia. En total, se registran cuatro o cinco casos al mes. La mayoría tiene que ver con el vallado de parcelas, pasos, derechos de riego.

Frutos, que está al frente del Consejo, como máximo representante también de la Junta de Hacendados, reconoce que «nos da mucha satisfacción cuando hay un acuerdo de conciliación, porque no hay vencedores ni vencidos». Eso sí, sus sentencias son inapelables, haciéndose por mayoría de votos después de haber oído a las partes y examinadas las pruebas. «Nuestras competencias son de hecho, no de derecho, por eso hacemos una labor de mediación, que en la mayoría de las veces se produce entre familiares o vecinos. Así que nos sentimos muy orgullosos de acercar posturas, como nos pasó, recientemente, cuando fuimos a examinar una situación que se había planteado entre primos, a partir de una herencia, donde conseguimos un acuerdo y que se dieran la mano tras mucho tiempo sin hablarse», concluye Diego Frutos.