El TSJ alerta del riesgo de «desbordamiento» de los juzgados ante el alud de asuntos

Un año más, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha hecho públicos unos datos, los de su memoria anual, poco halagüeños. Su presidente, Miguel Pasqual del Riquelme, advierte de la «incapacidad del sistema judicial para absorber» el volumen de asuntos que actualmente reciben los órganos y que los sitúa tradicionalmente entre los más colapsados y lentos del país. Alerta, además, de que el previsible «alud» de procedimientos que traerá de la mano la crisis de la Covid-19 «amenaza con desbordar las capacidades de respuesta» de los tribunales.

Pasqual del Riquelme realizó ayer su tradicional 'tournée' y, acompañado del secretario de la Sala de Gobierno, Javier Parra, visitó al presidente regional, Fernando López Miras; al delegado del Gobierno, José Vélez; y al presidente de la Asamblea regional, Alberto Castillo, para entregarles copias de la memoria del TSJ. Esta hace balance de la actividad de la Justicia murciana a lo largo de 2019.

Entre enero y diciembre del pasado año, los juzgados murcianos ingresaron 201.942 casos, un 5% más que un año antes. En ese mismo periodo consiguieron dar salida a 188.500 procedimientos. Pese al esfuerzo, sin embargo, la bola de nieve que los tribunales murcianos soportan siguió ganando peso. A finales de 2019, el atasco se nutría ya de la friolera de 115.643 expedientes. Un número que se incrementó un 13,9% en solo un año.

Lastrados por la elevada litigiosidad -de 135,2 asuntos por cada mil habitantes, la quinta cifra más elevada del país- y por la baja ratio de jueces por habitante, los juzgados murcianos arrastran la segunda tasa de congestión (1,61) más alta del país -que se emplea para medir la saturación de los órganos judiciales-, por detrás solo de los manchegos. La duración media de los asuntos, además, está muy por encima de la media y alcanza ya los 6,7 meses.

Con estos datos como telón de fondo, Pasqual del Riquelme hizo hincapié en la «incapacidad del sistema judicial español para absorber el volumen anual de entrada de asuntos». Un fenómeno que incluso se percibe en Murcia agravado. «Año tras año, ya sea en etapas de contracción o de expansión económica, la demanda de respuesta judicial a los conflictos se comporta con una insaciable voracidad, aumentando el retardo en la respuesta judicial», subrayó.

El presidente del TSJ lamenta el empeoramiento de la situación en los juzgados pese al esfuerzo de las plantillas de jueces, letrados de la Administración de Justicia, fiscales, forenses, funcionarios de Justicia y personal laboral, a los que hizo un reconocimiento por su labor.

El jefe de la judicatura murciana pone el foco, asimismo, en el desafío que supone para el sistema judicial afrontar las consecuencias derivadas de la crisis de la Covid-19. «Se va a enfrentar a un reto de proporciones extraordinarias como consecuencia del previsible masivo incremento de la litigiosidad que se derivará de una crisis económica de proporciones no menos imponentes», incide. Una crisis cuyos efectos, subraya, «no se van a espaciar en un más o menos largo período de tiempo, sino a manifestarse de forma explosiva y concentrada en los próximos meses».

El propio Ministerio, recuerda, ya ha advertido de la previsible llegada a los tribunales de un «alud» de asuntos.

Llegados a este punto, Pasqual del Riquelme hace hincapié en el riesgo de «desbordamiento» de los juzgados y advierte de que una falta de respuesta judicial «lastraría decisivamente la recuperación económica, el correcto funcionamiento institucional, la paz, la cohesión social y la confianza ciudadana en el sistema».

De acuerdo con los niveles de entrada de asuntos y otros indicadores evaluados por el TSJ en su balance, la Región necesitaría 20 nuevas unidades judiciales. El TSJ no tiene en cuenta, en esa cifra, las dos unidades que está previsto que se creen en los próximos meses: un nuevo juzgado de primera instancia en Murcia y un mixto en Molina de Segura.

De entre esa veintena, la Sala de Gobierno ha priorizado como más urgentes cinco. Se trata de un juzgado de Primera Instancia en Cartagena; el tercer juzgado de lo Mercantil, también en la ciudad portuaria; un juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Lorca; y dos juzgados de Primera Instancia en Murcia.

A ello se debería unir, según la petición del TSJ, un magistrado más para la sección desplazada de la Audiencia Provincial en Cartagena, que permita crear una segunda sección en esa sede, con separación de las jurisdicciones civil y penal. Sumando los órganos que aún están pendientes, la lista de necesidades por las que la Justicia murciana debe pelear sumaría siete nuevos juzgados.

La jurisdicción Civil es una de las más necesitadas de medios. Los juzgados de lo Civil repiten como los más lentos del país. Los murcianos actualmente deben armarse de paciencia y esperar hasta 10,1 meses de media para encontrar una primera respuesta a su demanda en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción y Familia. Los órganos de esta jurisdicción en el partido judicial de Murcia soportan un 200% más de carga de trabajo que el módulo máximo que fijó el Consejo General del Poder Judicial. En Cartagena la carga de trabajo está un 171% por encima.