Aldeguer pide ser juzgado aparte de Cerdá por el caso 'Topillo'

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia indicaron que el recurso fue presentado en febrero y que está pendiente de resolución por parte del Juzgado de Instrucción 2 de Murcia y, eventualmente, por la Audiencia. Añadieron que también hay otros aspectos procesales pendientes de resolución.

Ante la «preocupación» por el retraso en el señalamiento de los juicios de 'Topillo' expresada ayer en LA VERDAD desde la Fiscalía y cuatro grupos ecologistas, personados como acusación particular en este asunto de relevancia jurídica y social, en el TSJ insistieron en que la Audiencia no puede poner fecha hasta que se resuelva el recurso de Aldeguer. Y defendieron que, a pesar del tamaño y de la complejidad de esta causa (de 4.600 páginas y más de 60.000 actos procesals) y de la falta de medios que padece la Justicia, el juzgado instructor y la Audiencia actúan con la mayor rapidez posible.

Estas fuentes recordaron que, desde 2015, el presidente del TSJ, Miguel Pascual del Riquelme, advierte de los efectos negativos del colapso judicial y reclamando más órganos y personal. Y señalaron que el 'caso Topillo' no es ajeno a esta situación, reflejada así por Pascual del Riquelme: «El extraordinario incremento de la litigiosidad y el parón en la creación de nuevas unidades judiciales ha provocado un excesivo retardo en los tiempos de respuesta que ofrecen los tribunales de la Región. Unos tribunales que se encuentran entre los que más productividad tienen de toda España».

Respecto a Aldeguer, su abogado expuso ya en noviembre de 2023 «la necesidad de proceder a la formación de una pieza separada» para él y otra para Cerdá. Combatió así la decisión de la Audiencia de dividir 'Topillo' en una pieza para las empresas acusadas de realizar los vertidos y otra para los dos antiguos cargos públicos, que habrían permitido los derrames de la agricultura intensiva del Campo de Cartagena.

La defensa de Aldeguer argumentó que la prevaricación por omisión de la que es acusado éste, quien estuvo en el cargo entre los años 2004 y 2012, «no tiene relación alguna» con la atribuida a Cerdá, consejero desde 1999 a 2015. «Se trata de supuestas prevaricaciones cometidas en dos administraciones públicas distintas», la Administración General del Estado en el caso de Aldeguer y la Comunidad Autónoma en el de Cerdá, «sin relación alguna en el ámbito de competencias de cada una», indica la defensa. Y añade que a Aldeguer se le achaca «no haber adoptado ninguna decisión de inspección, sanción y desmantelamiento de las 143 desalobradoras gelocalizadas (con coordenadas y lugar de vertido)»; y a Cerdá, omitir sus obligaciones «respecto a los programas de actuación para prevenir y reducir la contaminación causada por los nitratos de origen agrario».

La Fiscalía ha pedido para ambos un año y nueve meses de prisión y nueve de inhabilitación para ejercer cargos públicos: y entre cinco meses y seis años, y multas multimillonarias, para las empresas investigadas. Aldeguer y Cerdá han rechazado los cargos y aseguran que sí adoptaron medidas de protección de la laguna.