El presunto fraude de Águilas lleva a los agentes inmobiliarios a pedir mayor regulación

«Por desgracia, es algo más habitual de lo que debería ser, tanto en promociones como incluso en viviendas de segunda mano, tanto en compraventa como en alquiler», asegura Jerónimo Jover, portavoz del Colegio Oficial y Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria Región de Murcia (Coapi). Subraya que lo grave está en que las promociones se encuentran reglamentadas por ley, con avales obligatorios de las cantidades entregadas a cuenta, cuestión que, por lo que ha constatado la organización, los consumidores parece que desconocen.

Pero, sobre todo, lamenta que no exista una regulación en las viviendas de segunda mano en la Comunidad Autónoma. «Estamos en un mercado totalmente desregulado, donde cualquiera puede ejercer la profesión de agente Inmobiliario sin ningún tipo de requisito, desde que se liberalizó esta profesión en el 2000 –antes se exigía una titulación y pasar una concurso–; ahora mismo, lo único que tenemos es la autorregulación que algunos profesionales se autoimponen», incide Jover.

Desde el Colegio advierten que muchos consumidores que sufren algún tipo de fraude se sorprenden que sus agentes no están colegiados, ya que consideran que este profesional debe cumplir estándares de calidad y garantías de cara al comprador. «Ya desde 2005, en Cataluña, o más recientemente en la Comunidad Valenciana, a los agentes inmobiliarios sí se le piden unos requisitos bastante mínimos, pero que defienden al consumidor», precisa el representante del colegio profesional.

Entre sus exigencias se encuentra el seguro de responsabilidad civil profesional para que sus clientes estén cubiertos por cualquier «metedura de pata», sin depender de la solvencia del agente inmobiliario. Los que están inscritos en el Colegio Oficial y Asociación de API de la Región de Murcia lo tienen de 1.500.000 euros cada uno. También reclama un seguro de caución para que las cantidades que reciben los agentes inmobiliarios, y mientras estén en su poder, queden garantizadas y no dependan de su solvencia. Aquellos que pertenecen a la Coapi tienen de 60.000 euros cada uno. Como últimos requisitos, piden una dirección física, donde cualquier consumidor pueda dirigirse al profesional y exigir explicaciones; y formación específica inmobiliaria mínima acreditada.

El Colegio, que rechaza que cualquier persona puede ejercer como agente inmobiliario en nombre de la 'libre competencia', defiende esos requisitos mínimos de calidad, en defensa del consumidor que servirían para mejorar la propia imagen de la profesión. «Velamos por la formación de profesionales, que se autorregulan, ante la ausencia de otra regulación oficial», recalca el portavoz del Colegio. La organización ha instado al Gobierno regional a crear un registro oficial obligatorio de agentes inmobiliarios. «Esto ayudará a acabar con la economía sumergida en el sector, protegerá a los consumidores y volverá a prestigiar a la profesión», concluye Jover.