Las comarcas protagonizarán el descontento del campo de la Región de Murcia

El campo caliente motores. Este mes de febrero los agricultores saltarán de la tierra al asfalto de las ciudades con una bateria de protestas en distintos rincones de España. La Región de Murcia será escenario de manifestaciones múltiples en un mismo día y en distintos municipios de la Comunidad, rompiendo así con la fórmula escogida en años anteriores, donde se apostó por una gran movilización en pleno centro de Murcia. Las principales organizaciones agrarias regionales, COAG, Asaja y UPA, han convocado para el día 21 de febrero tractoradas en las cinco principales comarcas de la Región, donde se fijarán unos recorridos de protesta que acercarán el descontento del sector primario a la sociedad murciana.

Las protestas se extenderán por varias localidades del Altiplano, Vega del Segura, Campo de Cartagena, Valle del Guadalentín y el Noroeste. Una jornada en la que las organizaciones agrarias han llamado a secundar un parón laboral en el sector agrícola, y que cuenta con el apoyo de las patronales Proexport y Fecoam. Murcia se suma así al calendario de movilizaciones que los agricultores están impulsando en varias provincias por el descontento generalizado con las políticas agrarias europeas y el estancamiento económico de muchas explotaciones. «No puede ser un día de movilizaciones y ya está», señalaba este lunes José Miguel Marín, presidente de COAG Murcia. Y es que el sector quiere mantener la presión en la calle para forzar cambios legislativos: «Queremos un cambio radical en las políticas europeas que permitan mantener la renta de los agricultores. Estamos en una situación límite», añadía Alfonso Gálvez, secretario general de Asaja Murcia.

Yecla, Jumilla, Cieza, Molina, Caravaca, Lorca o Cartagena son las ciudades que vertebrarán las movilizaciones del sector en dichas comarcas. Las organizaciones agrarias pretenden mejorar las cifras de participantes que ya tuvieron las manifestaciones en febrero de 2022 y de 2020.

De no existir una respuesta eficaz de las administraciones públicas ante el descontento del campo, las organizaciones intensificarán «los actos de protesta en todo el territorio regional», con nuevas fechas donde «la capital (Murcia) tendrá su protagonismo», advierten. «Las movilizaciones no son un desahogo, queremos presionar y negociar» tanto con la Unión Europea, como con el Gobierno central y también el Ejecutivo regional, explicaba Marcos Alarcón, secretario general de UPA Murcia: «No queremos que se limiten a decirnos que nos entienden».

La recién renovada Política Agraria Común (PAC) ha resultado ser «endiablada» para los agricultores, incidía Marín, que recordaba que menos de la mitad de las solicitudes de este año para acceder a las ayudas extra por los ecorregímenes han sido aprobadas. Piden, por ello, «que se flexibilice» la actual estructura, ya que «las aspiraciones ambientales» de esta línea de subvenciones «han dejado de lado a los productores», subrayaba Alarcón. Incrementar las pólizas de los seguros agrarios y modificar su estructura es otra reivindicación del campo. «Este sistema está en declive total porque ya no nos sirve como medida de gestión del riesgo» ante los cada vez más frecuentes fenómenos meteorológicos que terminan por destrozar gran parte de las cosechas.

Al Ministerio de Agricultura también le piden reformar la ley de la cadena alimentaria, cuyos «parches» aprobados hasta ahora resultan «ineficaces» ante el objetivo de conseguir mayores márgenes de beneficios en el primer eslabón: los agricultores y ganaderos. «Llevamos cuatro años de movilizaciones, cuatro años con los costes de producción elevados, y las autoridades no terminan de comprender la gravedad», indicaba Gálvez. La modernización de los regadíos, las medidas contra la sequía o la incorporación de los jóvenes al sector son otras acciones que pretenden ganar visibilidad con las protestas.

La insistencia en las protestas ha logrado que Europa se plantee derogar algunas normativas dentro de la PAC para este año, o que el Ministerio reactive algunas mesas de negociación para tratar asuntos estancados en la política nacional. El Pacto Verde Europeo es otra espina clavada para la agricultura regional, que pide su paralización y una renegociación con vistas a rebajar determinadas exigencias ambientales.

Las organizaciones agraria, en un manifiesto que han elaborado como carta de presentación de las movilizaciones de este mes, también piden la reforma de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor, para reducir la burocracia que conlleva algunas de sus normas y eliminar las medidas que menos eficaces han resultado ser desde que se aprobó en 2020.

Al Gobierno regional, como recordaba Gálvez, le piden un mayor compromiso presupuestario que no dependa tanto de fondos europeos y sí que se aumenten las ayudas directas, con una mayor agilidad administrativa en su distribución. Además, al presidente Fernando López Miras le solicitan la elaboración de un decreto de ayudas para combatir la sequía, como ha aprobado hasta en cuatro ocasiones Andalucía. Alarcón también reclamaba incrementar las partidas para sanidad animal y mejorar las pólizas de los seguros agrarios.

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