El TSJ teme un tsunami de litigios por la Covid, un «reto de proporciones extraordinarias»

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia dio ayer el pistoletazo de salida a un año judicial que se perfila anómalo y complicado. Una nueva temporada en la que la crisis generada por la Covid-19 podría causar estragos. El presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, no se anduvo por las ramas y advirtió ayer de que la crisis va a situar a la justicia murciana «ante un reto de proporciones extraordinarias».

Esta situación, explicó, vendrá generada por el «previsible masivo incremento de la litigiosidad consecuente a una crisis económica de proporciones no menos imponentes». Un «tsunami» -según lo ha tildado en otras ocasiones- que «va a manifestarse de forma explosiva y concentrada en los próximos meses».

Este nuevo golpe, que se prevé para finales de año, vendrá a sacudir una administración ya achacosa. Tal y como avanzó LA VERDAD, el atasco judicial repuntó un 15% durante los meses de confinamiento y ya supera los 122.000 asuntos, la cifra más elevada de los últimos ocho años.

Ante esta preocupante situación, el presidente del TSJ hizo hincapié en la «infradotación de medios» que arrastra la Administración. Incidió en que esta «tiene efectos negativos, reales y directos, sobre los ciudadanos de nuestra región» y remarcó que estos «son personas con nombres y apellidos».

En este punto, el presidente del TSJ recordó la necesidad de alcanzar un consenso para reclamar a nivel nacional esa equiparación de la justicia murciana con la media nacional. Con ese horizonte, reclamó a los grupos parlamentarios «que trasciendan sus diferencias de criterio y contribuyan a alcanzar ese consenso que servirá, sin duda, como palanca para impulsar nuestras demandas». Puso el énfasis en que «la ausencia de una respuesta judicial en tiempos económica y socialmente útiles a la multitud de conflictos que van a generarse podría lastrar decisivamente la recuperación económica».

El líder de la magistratura murciana lanzó este aviso a navegantes durante un acto de apertura del año judicial insólito por la actual situación sanitaria en el que el aforo se vio reducido y que, por primera vez, fue retransmitido por videoconferencia. Una cita que contó con la presencia del vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Juan Martínez Moya, el secretario de la Sala de Gobierno, Javier Luis Parra, y el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, entre otros.

Pocos arranques del año judicial han venido rodeados de tantos asuntos candentes como los que planean este año sobre la Administración. A la polémica en torno a la renovación del CGPJ, se suma la controvertida ausencia de Felipe VI al acto anual de entrega de despachos en Cataluña y, en clave regional, el malestar generado en Cartagena ante la supuesta decisión del Ministerio de Justicia de establecer el tercer juzgado de lo Mercantil provincial en Murcia y no en la ciudad portuaria -que el PSOE descartó ayer-.

Durante su discurso, Pasqual del Riquelme -que como es habitual en este acto no compareció directamente ante los medios- no hizo alusión a la renovación del Consejo, ni al conflicto generado en torno al nuevo juzgado mercantil. Sí aludió, sin embargo, a los numerosos esfuerzos desplegados desde el TSJ para afrontar la situación derivada de la pandemia y que se concretan en las 121 medidas incluidas en el plan de desescalada judicial. Esa labor, remarcó, se deja notar en las cifras de resolución de asuntos relativas al segundo trimestre del año, el más afectado por el confinamiento. El número, incidió, «fue solo un 33,3% menor» que en el mismo periodo de 2019.

Explicó, además, que, en estos meses, se han instalado 277 salas de videoconferencia móvil y 123 webcams adicionales para la realización de actuaciones y trámites no presenciales. La suspensión masiva de actuaciones en los meses de confinamiento, recalcó, obligó «a un esfuerzo extraordinario de reseñalamiento» en las agendas de los juzgados.