Las administraciones tiran del empleo en la Región y rozan ya los 100.000 funcionarios

En realidad se trata de unos 6.878 funcionarios y empleados públicos más que los existentes en todo el territorio murciano en el cómputo del ejercicio anterior. Una cifra elevada que se explica, fundamentalmente, por el cambio metodológico introducido en enero de 2023 en el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (Besap), como consecuencia de la incorporación del personal laboral temporal con contratos de duración inferior a seis meses, así como en formación o prácticas. Y es que hay que tener en cuenta que en esta estadística se integran todos los miembros de las universidades (UMU y UPCT), que desde 2019 se agrupan dentro de las administraciones de las comunidades autónomas.

Una cifra con un trasfondo mayor detrás si se tiene en cuenta que los 648.511 cotizantes a la Seguridad Social que había en la Región en ese mes de 2023 representan 11.497 más que en julio de un año antes, cuando se llegó a un volumen de 637.011. De ahí que se ponga de manifiesto que casi el 60% de las nuevas altas contabilizadas se correspondería con puestos públicos.

Otra conclusión importante es que la mayoría del funcionariado lo capitaliza la Comunidad Autónoma, a través del conjunto de la Administración regional, ya que acapara hasta 67.340 trabajadores –integrando ya al personal de las universidades, que suponen más de 5.462 empleados (datos de 2022)–, según el citado boletín estadístico. Y, de hecho, ese aumento interanual en efectivos del 9,35% se sitúa, incluso, más de dos puntos por encima del promedio global de subida.

Desde la Dirección General de Función Pública y Diálogo Social, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa, insisten en que el cambio en el cómputo estadístico es lo que explica este aumento de personal para las comunidades, y que serían en realidad unos 700 los empleos generados por la Administración regional, derivados de la oferta de empleo público anual y de diferentes contrataciones de distintos servicios.

Por otra parte, aunque la Administración General del Estado (AGE) haya elevado ligeramente su personal en la Región para alcanzar en este último cómputo los 16.406 trabajadores, la realidad es que dicha cuantía solo representa un alza de 468 empleos, es decir un 2,7%; y lo mismo ocurre en relación al volumen total de personal en las administraciones locales, que asciende a 13.049 asalariados dependientes de los ayuntamientos, apenas 114 empleados adicionales (0,87%).

En total, en España se computan 2.967.578 empleos públicos en julio del pasado año, 236.000 más que en el mismo mes del ejercicio anterior. Supone una tasa de incremento del 7,97%, casi un punto por encima del registrado en la Región de Murcia. Del mismo modo, los efectivos dependientes del conjunto de autonomías se disparan también en general en el país, al elevarse en un 12,36% de media.

La distribución de efectivos del Estado en el territorio regional constata una pérdida muy relevante de recursos humanos en la Administración de Justicia, que refrenda que lejos de reforzarse cada año las plantillas, como se reclama desde distintas instancias, lo que se produce es una reducción de los efectivos. Así, del total de 16.874 empleados que dependen en la Región de Murcia del conjunto de competencias del Gobierno central, los pertenecientes a la administración al servicio de juzgados y tribunales se sitúan en 1.642 trabajadores, según el último boletín estadístico ministerial del Registro Central de Personal (RCP) de julio de 2023, lo que supone 219 menos que los existentes en el mismo mes del año anterior, cuando se alcanzaron 1.861.

Eso se traduce en un 11,77% menos de efectivos frente a una realidad de mayor carga judicial que requiere a su vez de la creación de nuevos juzgados que atiendan el incremento de los procesos.

Aunque en España se constata un desplome mucho mayor en este ámbito al pasarse de 24.044 a 14.713 efectivos, tal como recogen los datos oficiales del personal al servicio de las administraciones públicas.

Por otro lado, en el apartado de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –pertenecientes a los ministerios de Defensa e Interior– se computan 10.024 efectivos, cuando doce meses antes se quedaban en 9.409, lo que supone alrededor de seiscientos más. Y por lo que se refiere al personal del resto de la Administración del Estado (servicio de empleo, comercio, Seguridad Social, Inspección de Trabajo, entre otros) se alcanzan en la Región de Murcia un total de 5.208 empleados, cuando en julio del año 2022 eran 5.136.

Del total de trabajadores de la Administración general en la Región, los hombres representan la gran mayoría (12.637) frente a las mujeres (4.237). En contraste, en el ámbito autonómico hay 46.648 trabajadoras por 20.692 trabajadores.

Al igual que la subida en la Región, en el conjunto de España los efectivos que prestan sus servicios en la Administración General del Estado (AGE) han aumentado en más de 11.000, desde julio de 2022 a julio de 2023, según los datos del último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, publicado recientemente y recogido por la Unión General de Trabajadores (UGT).

A través de un comunicado, el sindicato destaca que este aumento de efectivos en la Administración es el reflejo de los acuerdos suscritos sobre la oferta de empleo público, que han logrado paliar el déficit estructural de efectivos que existía desde los recortes introducidos entre los años 2010-2016.

Según recuerdan, en las ofertas de empleo público de 2018, 2019 y 2020 se aprobó una tasa de reposición del 100% en los sectores prioritarios y del 75% en el resto. Para la OEP de 2021, se consiguió una tasa de reposición del 110% para los sectores prioritarios y del 100% para el resto de sectores. Y en las de 2022 y 2023, se logró llegar al 120% en los sectores prioritarios y el 110% para el resto de sectores.

El secretario de Administración General del Estado de UGT, Carlos Álvarez, destaca la importancia de estos datos para la buena salud de la AGE y prevé una mayor disminución del déficit en los próximos meses, pues los procesos selectivos de 2020-2022, sobre todo de los cuerpos generales realizados por la Comisión Permanente de Selección, aún no han finalizado y aún no se ha procedido a convocar las plazas para estos cuerpos en la oferta de 2023.

Sobre este último aspecto, UGT sigue exigiendo a Función Pública una mayor celeridad tanto para su convocatoria como para el nombramiento de los nuevos empleados públicos, en especial para la ejecución de las ofertas de personal laboral cuya tramitación se encuentra en un destacable atraso.