El juicio contra Salvador R. M., acusado de corrupción de menores y abuso sexual en Totana, concluyó ayer con la exposición de las conclusiones finales ... de las partes en la Audiencia Provincial de Murcia. En la última sesión, la Fiscalía anunció la eliminación de uno de los delitos de abuso sexual de los que se acusaba al imputado, dejando solo uno de estos cargos en pie.
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No obstante, la fiscal mantiene la acusación por tres delitos de corrupción de menores y solicita una pena de 19 años de prisión, una reducción respecto a los 23 años que inicialmente pedía. Por su parte, el abogado defensor, José María Caballero, argumentó que el testimonio de las denunciantes presentaba inconsistencias y que se había demostrado la falsedad de una acusación en el caso. En concreto, hizo referencia a una denuncia inicial en la que las menores aseguraban que el acusado tenía un zulo con armas en su domicilio.
«Las chicas declararon que mi cliente tenía en su casa, que estaba reformando, una trampilla escondida bajo un mueble pesado, que debajo había un cuarto secreto con armas y que incluso se las mostró. La Guardia Civil realizó un registro en la vivienda y no encontró ni trampilla, ni zulo, ni una sola arma», destacó Caballero en su alegato.
El abogado utilizó esta falsedad para cuestionar la credibilidad de las denunciantes en el resto de sus declaraciones. «Si mintieron en este punto tan relevante, ¿cómo podemos estar seguros de que el resto de la acusación es cierta?», planteó. Salvador R. M., quien ha mantenido su inocencia durante todo el proceso, ofreció una explicación a su relación con las menores. Aseguró que nunca tuvo intenciones sexuales con ellas y que su único propósito era ayudarlas económicamente porque creía que una de ellas podía ser su hija.
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«Él pensaba que Vanesa (nombre ficticio) podía ser su hija y por eso la ayudaba a ella y a sus amigas. Les daba dinero para comer, pagar facturas o porque se lo pedían», señaló el letrado.
Esta afirmación fue rebatida por la Fiscalía, que argumentó que el procesado nunca llevó a cabo ninguna acción legal para confirmar una posible paternidad. Según la fiscal, el acusado se acercaba a menores en situación de vulnerabilidad económica, les daba dinero y regalos, y en varias ocasiones les propuso mantener relaciones sexuales a cambio de una compensación económica. «Me ofreció 3.000 euros por perder la virginidad con él», declaró una de las víctimas en el juicio.
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