El acuerdo para aprobar el Presupuesto regional ofrecido por el PSRM movilizaría partidas por 380 millones de euros

Educación, sanidad y dependencia concentran el grueso de los principales puntos que platean desde el PSRM, aunque también hay apartados cuantiosos sobre vivienda, Mar Menor o agricultura entre otros. Estos incrementos presupuestarios se refieren, apuntan los socialistas, «siempre a la dotación con recursos propios de la Comunidad Autónoma».

Es en sanidad donde la oferta socialista pide más inversión, unos 80 millones de euros. Casi 40 serían para contratar a 150 médicos especialistas con los que eliminar las listas de espera y otros 19,5 para la creación de nuevas plazas de estructura en Atención Primaria correspondientes a la convocatoria de 2023 y 2024 y la de 2025, entre ellas, 126 médicos de medicina de familia y comunitaria. A eso suman 20 para la construcción de nuevos centros y mejora de los actuales y 5,3 para el refuerzo de la plantilla de Salud Mental.

En lo que atañe a educación, proponen pasar de 43 a 75 millones la partida destinada al plan de choque en infraestructuras educativas, lo que supone un incremento de 32 millones. Con otros 15 plantean implantar la etapa 0-3 de forma universal y gratuita progresivamente en los centros públicos y aumentar en otras 3.000 las plazas disponibles en la etapa 2-3 años en el curso 2025-2026.

Otra de las cuestiones en las que socialistas son especialmente críticos con la gestión del PP en la Comunidad, la aplicación de la Ley de Dependencia y el retraso en las valoraciones y pago de las ayudas, se encuentra reflejada en ese documento con un incremento presupuestario de 37,8 millones de euros. No sólo quieren eliminar listas de espera sino también contratar 138 médicos y 364 enfermeras para atender a la población y a las personas en residencias de mayores.

Para intervenir en los problemas de acceso a la población, además de completar con otros 10 millones de euros las ayudas al alquiler social de los jóvenes, el PSOE reclama 20 millones para la construcción de 400 viviendas para alquiler social y otros 10 más para la compra y rehabilitación de casas con la misma finalidad.

Un fondo de contingencia agrícola y ganadera dotado de 10 millones es la partida más elevada que incluye el apartado del sector agroalimentario, donde recogen también más fondos para los seguros agrarios.

Para diferentes actuaciones de recuperación y conservación del Mar Menor que enumeran en su propuesta, creen que el Presupuesto necesita otros 20 millones, e incluyen además cinco para la recuperación de suelos mineros y contaminados.

Una amplia dotación de fondos sería también para «conservación, planificación y mejora de la red viaria y seguridad vial», apartado en el que, además de 30 millones para esta tarea, incluyen partidas inferiores para la elaboración de estudios informativos y redacción de proyectos en infraestructuras como la autovía del Norte (Venta del Olivo-Venta Cavila), la construcción de la autovía Lorca-Caravaca, el desdoblamiento de Mazarrón-Puerto de Mazarrón y la ampliación del tranvía en la ciudad de Murcia.

70 millones es lo que según los socialistas se tendría que destinar a pagar durante el primer semestre de este año todas las ayudas del Gobierno central para aún pendientes de abono para autoconsumo eléctrico, plan MOVES II y III, alquiler joven y eficiencia energética.

Desde el PSRM mantienen sobre este documento que «no son líneas rojas», sino que está abierto a negociación. Ayer mismo, tras la Junta de Portavoces de la Asamblea, la socialista Carmina Fernández volvía a incidier en que ese ofrecimiento «sigue en pie». Remarcó Fernández que en su caso no han puesto «ninguna condición» y que será el Gobierno del PP el que tendrá que decidir con quién quiere pactar, «con la ultraderecha de Vox, que le está planteando chantajes, o bien con el PSOE, que queremos unas cuentas públicas que en 2025 resuelvan los problemas de la Región», según la portavoz socialista.

Las exigencias de Vox para que el PP obtenga su apoyo al Presupuesto de 2025 no dejan de crecer. Si en un principio era rechazar la política migratoria de Pedro Sánchez, hace unos días añadían pronunciarse en contra de los acuerdos verdes de la UE y, ayer, su líder provincial y portavoz en la Asamblea, José Ángel Antelo, sumó a ello que se reforme la Ley de Participación Institucional.

Esa reforma será debatida en la Asamblea en las próximas semanas y con ella, según Vox, se quiere eliminar «la obligatoriedad de financiar a sindicatos y patronal con dinero público». Tras la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento autonómico, Antelo aseguró que «el PP tiene una oportunidad de oro para cumplir con Vox», al tiempo que recordó que se trata de uno de los acuerdos alcanzados con los populares en septiembre de 2023 para gobernar en coalición. «Votaremos que no a los Presupuestos», advirtió el líder de Vox, que mantiene que «todos y cada uno de los compromisos que se adquirieron con Vox, hasta la última coma, se tienen que cumplir».

Antelo subrayó que los populares ya dieron el sí a su propuesta para cambiar la ley autonómica que impedía a los jefes de servicio de la sanidad pública ejercer en la privada en el Pleno del pasado martes. «El Partido Popular el otro día hizo lo correcto y la próxima semana tendrá que seguir haciéndolo si quiere contar con Vox», defendió el líder de este partido en la Región, quien aseguró también que, desde que lo anunció el consejero Hacienda, Luis Alberto Marín, en noviembre, aún están esperando que el Ejecutivo presente en la Asamblea el techo de gasto, el paso previo a la tramitación presupuestaria.

Desde las filas del PP, su portavoz Joaquín Segado respondió a Antelo que «no podemos estar sometiéndonos cada semana a cuestiones que no vienen a cuento» y también hizo hincapié en que la proposición de ley registrada por Vox presenta «reparos importantes», como advirtieron los servicios jurídicos de la Cámara. «Aun así han seguido adelante con la ordenación de esta reforma. Veremos cuáles son esos reparos. Si no se puede tramitar, no habrá lugar a votación», concluyó Segado, que no valoró la exigencia de sus anteriores socios en el Gobierno autonómico.

El portavoz popular volvió a descargar la responsabilidad del retraso en la elaboración de los Presupuestos en el Ministerio de Hacienda, que sigue sin hacerles llegar el objetivo de déficit autonómico. «Es difícil elaborar un documento cierto sin conocer los datos reales», lamentó Segado, que reclamó de nuevo que la Administración central les haga llegar esa estimación en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera prevista para el 26 de febrero. Junto a eso, también confía en que se aborde la reforma del sistema de financiación autonómica o la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades.