Acaba la ronda de alcaldes que testifican sobre los convenios de la planta

Cuatro antiguos alcaldes del PP en la Región, los de Molina de Segura, Eduardo Contreras; Mazarrón, Francisco Blaya; Beniel, Pedro Coll; y Ulea, José Bolarín, comparecieron ayer en el juzgado de Instrucción número 5 de Murcia para testificar sobre los convenios que firmaron en su día con el Ente Público del Agua (EPA) para asegurarse caudales de la desaladora de Escombreras. La magistrada María del Mar Azuar pretende determinar si esa promesa de agua desalinizada sirvió para que se aprobaran grandes proyectos inmobiliarios sin el preceptivo informe de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que en aquellos años de la década pasada era bastante restrictivo a la hora de amparar nuevos desarrollos urbanísticos por no tener garantizado el suministro de agua.

Aunque no han trascendido textualmente sus declaraciones, efectuadas en calidad de testigos, fuentes próximas a estas diligencias indican que fueron en la línea de las prestadas en los días precedentes por otros exalcaldes populares. Así, habrían venido a reconocer que suscribieron convenios con el EPA que garantizaban en apariencia la llegada de grandes caudales a sus municipios y que los borradores fijando las necesidades de agua y el precio del metro cúbico eran remitidos a sus respectivos ayuntamientos desde la Consejería de Agricultura, a cuyo frente se encontraba el ahora imputado en esta causa Antonio Cerdá.

Uno de los letrados de la acusación particular en estas diligencias, Diego de Ramón, interpuso en su día una denuncia en la que aseguraba que el Gobierno regional que presidía Ramón Luis Valcárcel se había valido del EPA para soslayar los informes de la CHS y sacar adelante un gran número de planes urbanísticos, que ocupaban unos 180 millones de metros cuadrados en toda la Región. Esta semana pasaron por el juzgado diez antiguos alcaldes para prestar declaración sobre esos supuestos hechos.