El Pacto Nacional del Agua es un desiderátum que va saltando de una legislatura a otra sin que vea la luz (y lo que queda), ya que resulta metafísicamente imposible poner de acuerdo a los partidos políticos y a las comunidades autónomas desde el momento ... en el que se pretenda descender al mínimo detalle. Por ejemplo, la mera referencia a la posibilidad de transferencias de agua entre cuencas (presentes o hipotéticamente futuras), a las inversiones en obras de regulación (presas y canalizaciones), a la desalación o a la gestión de la demanda (léase una política restrictiva del regadío), enciende el debate hasta tal punto que arruina cualquier acercamiento. La palabra que algunos tratan de evitar es la de 'trasvase', y menos en periodo preelectoral. Lo más cerca que están las direcciones nacionales de PSOE y PP en esta cuestión estriba en el mantenimiento, racionalización, adaptación... (aplíquese lo que corresponda) del acueducto Tajo-Segura, supeditado a la evolución de las reservas de la cabecera y a los caudales ecológicos del Tajo. A nivel regional desaparecen los matices y los grises: para unos el Trasvase es intocable y para otros tiene que quedar cerrado para el regadío.
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, abogó de nuevo por alcanzar si gobierna un Pacto Nacional del Agua que evite los enfrentamientos territoriales. En su reciente y enésima visita a Murcia, apostilló que hay que invertir en infraestructuras para «llevar y traer agua» a los distintos territorios. Es lo más cerca que estuvo de pronunciar la palabra trasvase, aunque detalló algo más respecto a sus intervenciones anteriores. La propuesta de dicho Pacto no es exclusiva del PP, sino que se remonta a muchos años atrás y suele ser una muletilla, un comodín, que se ha utilizado hasta ahora para salir del paso en estas circunstancias. Otros partidos también proponen lo mismo. No compromete a nada, puesto que tal acuerdo nacional depende al mismo tiempo de la voluntad de todos y de cada uno.
No obstante, todos le han visto las orejas al lobo. Ese milagro de pacto o como se quiera llamar se hace ahora más necesario que nunca debido a los efectos cada vez más palpables y demoledores del cambio climático, concretado en la atroz sequía que de nuevo nos atenaza. No solo hay que llegar a un acuerdo de Estado sobre los recursos hídricos, sino también sobre una política que marque y garantice el futuro de la agricultura y la ganadería sostenibles, y por ende de la producción de alimentos. Qué modelo queremos en definitiva. Por ejemplo, Coag informa de que en marzo y abril se han producido 18 novedades normativas que afectan específicamente a las explotaciones agrícolas y ganaderas, a través de anuncios, resoluciones y decretos de diversos ministerios y consejerías, junto al amplio paquete normativo de la PAC. El presidente de Coag, José Miguel Marín, advierte de que el sector apenas puede digerir esta avalancha de leyes.
En este contexto, la cuenca del Segura sigue mostrando su capacidad de resiliencia frente a esta sequía que asola la mayor parte de la península. Instalada en la escasez y acostumbrada a lidiar con el déficit estructural y el estrés hídrico, la demarcación está mejor preparada que el resto de territorios para afrontar estos episodios extremos. Mientras que en otras regiones crecen los problemas de abastecimiento, aquí resulta difícil que se quede por ahora sin agua un municipio adscrito a la Mancomunidad de Canales del Taibilla. La novedad en esta ocasión es que la agricultura de secano está quedando arrasada y arruinada debido a la falta de lluvias. Son cultivos que solo dependen del cielo. Por el contrario, el regadío, que se considera el más afectado por la escasez de recursos hídricos y que tiene su futuro en vilo, está aguantando el envite, hasta ahora, con el mix de agua y el sistema de regulación de la cuenca. Si entramos en alerta y/o emergencia, será otro cantar.
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