Abogados, procuradores, jueces y fiscales se unen al Pacto por la Justicia

Los trabajos para conseguir el Pacto Regional por la Justicia han comenzado con la petición de propuestas y demandas a los colectivos directamente implicados en este servicio público: jueces, fiscales, abogados y procuradores.

Tras la demanda de este importante pacto formulada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, en el acto de apertura del año judicial, el pasado 20 de septiembre, ha sido el Gobierno regional el que ha asumido la dirección de la tarea con el fin de articular una única y potente voz para reclamar ante el Gobierno central mejoras en la justicia de la Región, una de las comunidades peor dotadas de España en esta materia.

Dentro del Ejecutivo autónomo, son los consejeros de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, y de Transparencia y Administración Pública, la exmagistrada Beatriz Ballesteros, los que han asumido la coordinación de los trabajos.

El Ejecutivo ha constituido una secretaría técnica para el seguimiento del Pacto por la Justicia bajo la coordinación de ambos consejeros. La próxima semana se celebrará una reunión con Pascual del Riquelme y su equipo para establecer las primeras líneas generales, prioridades y perfilar el calendario de trabajo.

Celdrán ha contactado ya con el presidente del TSJ y con los representantes en la Región de las organizaciones profesionales de abogados, procuradores, jueces y fiscales para anunciarles el inicio de los trabajos y solicitarles sus propuestas para elaborar un documento que concrete las necesidades de la administración de justicia en la Región y que constituirá el eje central del pacto.

El titular de Presidencia, según explicó a 'La Verdad', ha hablado además con los representantes de los cinco grupos políticos con presencia en la Asamblea Regional -PSOE, PP, Cs, Vox y Podemos-, de los que ha recibido su visto bueno a sumarse a la negociación del pacto y con los que previsiblemente habrá una primera reunión también la próxima semana.

El consejero resalta la relevancia de este acuerdo al apuntar que se trata de hacer frente a «una necesidad social de primer orden, no tanto política», aunque teme que sea precisamente una circunstancia política, como es la celebración de las elecciones generales el 1 de noviembre, la que retrase la concreción del Pacto por la Justicia, debido a la confrontación en que estarán inmersos los partidos en las próximas semanas.

Otro inconveniente surgido en los últimos días tiene también origen político: la dimisión del secretario general de Podemos y diputado regional, Óscar Urralburu, quien ya había dado su asentimiento a Celdrán para participar en los trabajos, lo que obligará ahora al consejero a contactar con los nuevos responsables de la formación morada en la Región.

El presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, dejó constancia en su discurso en la apertura del año judicial «del déficit estructural de juzgados y tribunales que padece nuestra Región, que necesitaría veintisiete nuevas unidades judiciales para equipararse a la dotación media de órganos judiciales a nivel nacional». «Los murcianos tenemos asignados -añadió- diez jueces por cada cien mil habitantes, mientras que en Asturias disponen de casi quince jueces por el mismo número de habitantes, catorce en Cantabria y trece en Castilla y León».

Pasqual del Riquelme detalló los importantes perjuicios que el atasco judicial causa a la sociedad y la economía murcianas, y cifró en unos 1.500 millones al año las pérdidas que sufren las empresas por este motivo.

También el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, puso de manifiesto en el mismo acto las necesidades del Ministerio Público en la Región, «el cuarto de España en carga de trabajo y el décimo en número proporcional de fiscales».

La Fiscalía de Murcia es en la actualidad la primera de España en el ratio fiscal-población, con 23.846 habitantes por fiscal, una proporción que sigue subiendo, ya que Murcia es una de las pocas comunidades en la que continúa creciendo la población. Según Díaz Manzanera, «faltan al menos unos 15 fiscales para equipararnos a la media nacional. Y, en cuanto a funcionarios, la Fiscalía de Murcia es la peor dotada de España».