Una de las acusaciones particulares en el conocido como 'caso Estoque', en el que se investigan las agresiones y abusos sexuales presuntamente cometidas por ... un profesor de la Escuela de Tauromaquia de Murcia sobre en torno a una decena de alumnos, ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 9 por el que reclama la citación de una larga lista de testigos, entre los que destaca la presencia del matador y presidente de esa institución, Pepín Liria. El aparente objetivo de esta parte es tratar de demostrar que desde diversos ámbitos se realizaron advertencias a destacados responsables de la Escuela Taurina, acerca de la conducta impropia del maestro José María O. L., alias 'José Mari', sin que en apariencia se adoptara medida alguna para atajar ese riesgo.
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El mencionado escrito sorprende por la dureza de los argumentos que emplea para reclamar la presencia de estas personas en el juzgado, pues respecto de varios de ellos se reproducen extensamente todos los datos existentes en los informes policiales sobre el grado de conocimiento que pudieron llegar a tener sobre los hechos bajo investigación. Llama la atención, a tal respecto, que el letrado deja constancia de que deben ser llamados en calidad de testigos, aunque seguidamente puntualiza que debe ser así «de manera apriorística», esto es, «a priori», con lo que no descarta que en algún caso pueda trocarse esa condición por la de investigado, en función de cómo evolucione el testimonio.
Entre los once testigos que propone el letrado de una de las víctimas no solo hay directivos de la Escuela de Tauromaquia, sino también un amplio grupo de personas que ya en su día, al comparecer ante la Policía Nacional, dejaron constancia expresa de haber advertido a los primeros de los supuestos comportamientos sexuales inapropiados del profesor taurino.
La investigación de estas diligencias se encuentra bastante avanzada después de que hayan prestado declaración las principales víctimas y, más recientemente, el principal sospechoso, José María O. L., quien rechazó todas las imputaciones que se le hacen. Está pendiente de conocer, sin embargo, el resultado del análisis de algunos dispositivos tecnológicos intervenidos en el registro del domicilio del presunto depredador sexual, como ordenadores, 'tablets' y lápices de memoria, por si de su contenido se deducen nuevos delitos.
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Mientras tanto, la Audiencia Provincial debe resolver el recurso presentado por las acusaciones privadas contra la puesta en libertad condicional de José María O. L., respecto del cual reclaman su inmediato retorno a prisión. Los argumentos se centran, principalmente, en el elevado riesgo de fuga y en la posibilidad de que el sospechoso pueda reincidir en los abusos sexuales.
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