Un abogado murciano fuerza la clausura de la única mina de coltán de Europa

El Tribunal Superior (TSJ) de Galicia frenó esta amenaza en noviembre al ordenar el cese provisional de la actividad y, días atrás, declaró nula la licencia de la Xunta de Galicia para la ampliación de la mina. En ambas resoluciones ha tenido un papel protagonista el abogado murciano José Manuel Muñoz Ortín. Ha actuado como acusación particular en representación de Ecologistas en Acción, asociación que tiene una red nacional de letrados y con la que Muñoz colabora en numerosos pleitos en la Región.

Su victoria en Orense ha tenido eco nacional por el alcance y la contundencia del fallo. La sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ afirma: «Debe rechazarse que esta contaminación [la del arroyo] venga dada por la propia naturaleza de las aguas, ricas en hierro y manganeso, cuya combinación genera ese aspecto. Es consecuencia de la actividad minera, tratándose, en realidad, de filtraciones de los depósitos y balsas de residuos existentes, producidos por falta de medidas de protección».

Además, la resolución acoge los argumentos que Muñoz esgrime en diversos pleitos penales en la Región sobre la responsabilidad de la administración pública a la hora de evitar no solo daños, sino también riesgos. «Ni la minera ni la CHMS (Confederación Hidrográfica del Miño-Sil) han procedido a la monitorización de las aguas para estas sustancias, y ni la declaración de impacto ambiental (DIA) ni la autorización de vertido han establecido tal obligación de monitorizarlos, pese de que los regatos afectan a cauces de los que se obtiene agua para el consumo humano».

El fallo será recurrido ante el Tribunal Supremo por la empresa Strategic Minerals, filial de una firma de Canadá que desde 2018 opera en la aldea de Penouta, de apenas setenta habitantes. La compañía, que emplea a 130 personas en la comarca, niega las irregularidades y tratará de reanudar la extracción de dos componentes del coltán: tantalio y niobio.

A preguntas de LA VERDAD, Muñoz celebra «una de las escasas victorias judiciales que, por desgracia, obtienen las organizaciones ambientalistas». Atribuye el mérito a «muchas personas que han luchado para probar los efectos dañinos de esta explotación minera, en especial afectados directos, técnicos y activistas». Muñoz lamenta que, «con carácter general», ni juzgados ni tribunales ni la Fiscalía de la Región se guíen por el principio de precaución para dictar medidas cautelares y sentencias. Y muchos procedimientos se eternizan y acaban en archivo. Por eso, no oculta su decepción y enfado por asuntos como la falta de sellado del vertedero de Española del Zinc (Zinsa) en Torreciega (Cartagena) y las emisiones de polvo de la cantera de Colina Cimar (Abanilla).

Muñoz ha logrado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acepte revisar la sentencia del TSJ de la Región, que rechaza indemnizar a un joven contaminado por la exposición a residuos mineros con plomo en Cartagena. Y ha asumido la querella de la Asociación de Vecinos del Sector Estación, contra el Ayuntamiento cartagenero y la Comunidad, por la contaminación industrial de El Hondón.

Sobre sus batallas en la Región, lamenta «que, en los juzgados y en la Fiscalía, falta sensibilidad a la hora de actuar con determinación y prontitud para, al menos, paliar las agresiones al entorno natural, que es donde todos vivimos, y garantizar los derechos de las víctimas de los delitos medioambientales». De estas, dice que «muchas veces son personas sin recursos para luchar contra la Administración y contra grandes empresas, si no fuera porque tienen acceso a la justicia gratuita y reciben el apoyo de organizaciones como Ecologistas en Acción».

El abogado destaca el papel del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y de los agentes medioambientales con sus denuncias e informes. Y cita las diligencias sobre la desecación del río Turrilla, en Lorca, donde se investiga a un empresario ganadero y a la Confederación Hidrográfica del Segura; y el 'caso balsa Jenny', sobre el arrastre de residuos mineros en Llano del Beal (Cartagena).

Muñoz compagina su trabajo para Ecologistas, para el que tiene el apoyo clave del científico cartagenero especialista en suelos José Matías Peñas Castejón, con el de su despacho particular (ahora defiende a familiares de fallecidos en el incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros en Murcia). Cita el artículo 45 de la Constitución Española sobre el derecho a «disfrutar de un medio ambiente adecuado» y el deber de conservarlo. Y, sin perder la sonrisa, remata: «Eso debe estar por encima de cualquier negocio».