La defensa de Sánchez reclama a Templado el archivo inmediato del 'caso Auditorio'

Ya lo ha solicitado. Francisco Martínez Escribano, abogado defensor del presidente Pedro Antonio Sánchez, presentó ayer un escrito al magistrado Julián Pérez-Templado por el que le solicita que proceda a sobreseer las diligencias sobre el 'caso Auditorio' y a exculpar a su cliente. En el documento, de 34 folios, el abogado desgrana las numerosas razones jurídicas por las que, en su opinión, el juez instructor debería renunciar a seguir adelante con el procedimiento.

La primera de ellas, y a la que Martínez Escribano otorga una importancia «trascendental», es la sentencia que dictó en 2012 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Murcia, que avaló la legalidad del concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras en 2007. Según el letrado defensor, esta resolución establece que el proyecto para construir el Auditorio no se otorgó al arquitecto Martín Lejarraga con anterioridad a ese concurso y que la Administración no incurrió por ello en desviación de poder.

Aunque admite como cierto que la juez dejó constancia de que podrían existir irregularidades previas a ese concurso de ideas, señala el letrado que estas habrían quedado «completamente subsanadas» con la convocatoria. De tal forma que llega incluso a la conclusión de que «la sentencia contenciosa resuelve todas las cuestiones que se plantean en este procedimiento penal».

Pese a ello, insiste en su escrito en otras circunstancias que justificarían el archivo del caso, como que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) también consideró legal el concurso de ideas, que no cuestionó el proceso para la contratación de la obra y que dio validez a las certificaciones.

Igualmente sostiene que el proyecto modificado estaba absolutamente justificado por haber surgido dos circunstancias imprevistas, como un vial de anchura no contemplada y problemas de cimentación, y afirma que la obra del Auditorio se hizo de forma «completa», ya que lo que en realidad se ejecutó fue ese modificado.

También justifica el objetivo de la subvención, que señala que no era otro que construir un centro cultural y que eso se realizó plenamente. La defensa acaba advirtiendo de que la juez de Lorca no puede investigar en una pieza separa, como está haciendo, el destino de los seis millones de dinero público.