Pedro Antonio Sánchez presenta en el TSJ la petición de archivo del 'caso Auditorio'

La portavoz del Ejecutivo regional, Noelia Arroyo, anunció este miércoles tras el Consejo de Gobierno que la defensa de Pedro Antonio Sánchez en el 'caso Auditorio' pidió esta misma mañana en el TSJ que se ordene el archivo de la causa. Arroyo explicó que la solicitud consta de 34 folios, estructurados en 11 puntos, y se apoya fundamentalmente en la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Murcia, "que respalda la legalidad de la adjudicación", según la portavoz, que también detalló otros autos recogidos en el escrito que vendrían a dar la razón al presidente de la Comunidad.

Además, volvió a arremeter contra la "táctica dilatoria" del PSOE y dijo que Ciudadanos "no debe participar de estas estrategias, debe ser cómplice de la justicia". También reclamó la portavoz que "Ciudadanos no meta en un lío a la Región" y que la moción de censura se celebre "después de que se pronuncie la Justicia". Asimismo, aseguró que el presidente tiene ánimo y afronta los próximos días "trabajando por los murcianos".

Entre los fundamentos que justificarían el archivo de la causa, la defensa de Sánchez esgrime en primer lugar que ya existe una sentencia de la magistrada del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Murcia que "respalda la legalidad de la adjudicación". Textualmente, el escrito de la defensa alega que esta sentencia resulta "trascendental" porque valida "la legalidad del acto administrativo".

El escrito también se apoya, entre otros argumentos, en algunos autos dictados recientemente. Por ejemplo, cita el auto el emitido el pasado 8 de marzo por la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJMU que supuso el archivo del denominado caso 'Guardería' que se remite a la doctrina del Tribunal Supremo (TS), al señalar que el control de la legalidad de los actos administrativos corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.

A la jurisdicción Penal, por el contrario, "corresponden exclusivamente los actos que constituyan legalidades severas y dolosas que supongan un antecedente y un ataque consciente y grave de los intereses que las normas pretenden proteger", tal y como precisó Arroyo.

Por último, el documento refleja que la doctrina del Tribunal Supremo recoge que "no es de recibo una sistemática criminalización de todos los actos de la administración", y que un tribunal Penal "no puede decidir que una resolución integra delito de prevaricación administrativa".

La defensa de Sánchez también llama la atención, por ejemplo, sobre el hecho de que "miembros del PSOE que en su día conocieron perfectamente la existencia de actuaciones administrativas, no recurriesen la adjudicación de la obra y pretendan ahora, en vía penal, unos resultados que ni siquiera intentaron lograr por la vía contencioso-administrativa".

El escrito de la defensa de Sánchez también recupera jurisprudencia del Tribunal Constitucional que refleja que la existencia de pronunciamientos contradictorios en las resoluciones judiciales de los que resulte que unos mismos hechos "ocurrieron y no ocurrieron", no solo son incompatibles con el principio de seguridad jurídica sino también "con el derecho a la tutela y la firmeza de los pronunciamientos judiciales".

La solicitud de archivo del caso también reitera que, con informes jurídicos, técnicos y económicos favorables a la petición de la dirección de la obra y de la empresa constructora, la decisión de la Junta de Gobierno "no podía ser otra que aprobar el Proyecto Modificado, con el que no se alteran las condiciones esenciales de licitación y adjudicación".

Además, resalta que "estamos ante una obra completa, puesto que el proyecto modificado se ejecutó en su totalidad". En cuanto al destino de la subvención, subraya que el informe de la propia Fiscalía manifiesta textualmente que "los 6 millones de euros están en la obra". Los peritos, añade, "han coincido en acreditar este punto, así como que no consta perjuicio alguno para el Ayuntamiento".

Finalmente, subraya que "no existe en la actuación de Pedro Antonio Sánchez dolo alguno que permita imputarle responsabilidad penal, por lo que no habría incurrido en ninguno de los cuatro delitos que se le imputan (no hay prevaricación, ni fraude administrativo, ni malversación, ni falsificación de documento alguno)".

La portavoz del Gobierno murciano ha reconocido que desconoce el plazo de tiempo que puede tardar en tramitarse esta petición de archivo. "No sabemos si hay plazos y nunca se habla de plazos en los relacionados con la Justicia ni con la defensa de Pedro Antonio Sánchez; nadie puede estar en disposición de decirlo", aclaró.

No obstante, recordó que el propio fiscal superior de la Región dijo que este asunto se iba a resolver "relativamente rápido", y el juez instructor del TSJ, Julián Pérez-Templado, afirmó que "no le quemaría en las manos".

«Trabajo, trabajo y trabajo»

Al ser preguntada por la forma en la que Sánchez encara la moción de censura prevista para la próxima semana, Arroyo señaló que el presidente murciano lo afronta "trabajando y pensando, por encima de todo, en la Región de Murcia y en los ciudadanos de la Comunidad", así como en el compromiso que él tiene en quienes le eligieron para presidir este Gobierno y "gobernar en la Región durante una legislatura de cuatro años".

"Trabajo, trabajo y trabajo", señaló Arroyo, quien cree que "nos iría mejor" si otros partidos pensaran más desde la oposición también en la fórmula "trabajo, trabajo y trabajo".

"Seguimos esperando a que la Justicia resuelva pidiendo la máxima celeridad y agilidad frente a la estrategia táctica dilatoria del PSOE y de la acusación particular", señaló la portavoz del Gobierno murciano.

A su juicio, al PSOE y a la acusación particular "no les interesa que la verdad se sepa" sino "retrasar al máximo esa resolución judicial". Por el contrario, "nosotros no ponemos plazos a la Justicia, no podemos presionar a la Justicia", aseveró la portavoz del Gobierno murciano.

Arroyo pidió que las decisiones políticas y la votación de la moción de censura "se realice después de que se pronuncie la Justicia". Mientras tanto, afirma que seguirá actuando "de manera justa y responsable".

A este respecto, insistió en pedir a Ciudadanos "que no meta en este lío a la Región de Murcia y que siga defendiendo los intereses de la Comunidad". En su opinión, si algunos políticos "trabajasen como está haciendo el presidente murciano y el Ejecutivo regional, en vez de pensar en ellos mismos, nos iría mejor a todos los ciudadanos".

El PSOE "pretende llegar al Gobierno de la Región con la complicidad de Ciudadanos, pero sin el respaldo de los murcianos", según Arroyo, quien reprochó que "tres de cada cuatro murcianos no quisieron un Gobierno socialista hace tan solo un par de años, en las últimas elecciones autonómicas". Por tanto, cree que la formación naranja "no debe ser partícipe de esta injusticia" sino "cómplice de la justicia".

Por otro lado, Arroyo se remitió a los cinco informes presentados este lunes por peritos "independientes, que no están afiliados a ningún partido", y que ratificaron que "está demostrado que todo el dinero está invertido en la obra y que se ha actuado de forma correcta en este sentido".

En este sentido, estos peritos ratificaron que "no existe perjuicio económico para el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras" y que "no existe en la actuación de Pedro Antonio Sánchez dolo alguno que permita imputarle responsabilidad penal". Además, achacan que la obra no se concluyera a la "falta de financiación por la crisis económica".