El Ayuntamiento de Cartagena pide 17 años de cárcel al exalcalde Alonso por la 'Púnica'

«José Antonio Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena -con una relación personal cercana con Pilar Barreiro Álvarez- y Alejandro de Pedro pactaron en 2014 con Pilar Barreiro Álvarez, entonces alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia), la creación de un diario digital local que se sufragaría con facturación con el Ayuntamiento, mediante publicidad institucional, y que tenía como propósito difundir información/noticias 'con foto y por supuesto en positivo' favorables a la alcaldesa».

Para ello, se realizó «una secuencia continuada de resoluciones ejecutivas, decisorias y arbitrarias». Todo estaba encaminado a aliviar la «preocupación reputacional de Pilar Barreiro Álvarez», que «procedía de su vinculación con diversos proyectos urbanísticos en Cartagena sobre los que existían denuncias por trato de favor, entre otros, al propio José Antonio Alonso Conesa, como los llamados casos 'Novo Cartago' o 'Puerta Nueva'» [el plan del barrio universitario].

Este es el hilo argumental del que ha partido el Ayuntamiento de Cartagena para solicitar en la Audiencia Nacional, como acusación particular en el 'caso Púnica', que el exalcalde socialista José Antonio Alonso (1991-1995) y actual empresario sea condenado a diecisiete años de prisión por seis presuntos delitos, vinculados entre otras cuestiones a hechos que habrían supuesto un perjuicio económico de 4.840 euros, IVA incluido, a las arcas públicas locales.

Según adelantó el pasado sábado a la 'La Verdad' fuentes de la causa, en el escrito de acusación remitido por el Consistorio al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, la institución municipal reclama también, de cara al juicio oral, imponer distintas penas de prisión y el pago de multas a otras siete personas investigadas en la trama de corrupción y a una empresa vinculada al exalcalde.

El magistrado remitió hace dos semanas al Ayuntamiento [que se personó en las diligencias en 2015 por decisión del nuevo alcalde, José López, de Movimiento Ciudadano], la resolución mediante la que dio por cerrada la fase de investigación de la llamada 'rama murciana' de 'Púnica'. En el auto de procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, el juez enumeró los presuntos delitos que atribuye a veinte imputados, a los que sitúa a un paso de sentarse en el banquillo. De estos, el Consistorio solo acusa a aquellos que creen que le han perjudicado de manera directa, y deja fuera por ejemplo a los implicados de la Consejería de Turismo.

Del escrito de Velasco ya quedaron fuera los dos políticos del PP que aparecen como presuntos beneficiarios de los conciertos ilícitos para la mejora de sus imágenes en internet: la exalcaldesa y hoy senadora Pilar Barreiro y el exconsejero de Educación y actual presidente de la Comunidad Autónoma Pedro Antonio Sánchez, respecto a quien en 2014 la Justicia (que luego archivó el asunto) indagaba sobre el pago de su vivienda en Puerto Lumbreras.

Mención a Sánchez

Al tener ambos la condición de aforados, el juez pidió a las dos fiscales un informe acerca de si debía elevar sendas exposiciones razonadas al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, respectivamente. Aquellas indicaron que sí respecto a Barreiro y que no, según el parecer del fiscal general del Estado (del que discrepan), respecto a Sánchez. Ahora, Velasco trasladará las diligencias o las archivará.

Entre tanto, de forma provisional, el Ayuntamiento ha pedido castigar a Alonso, considerado por Velasco como 'cabecilla' de una trama de amaño de adjudicaciones en administraciones públicas de varias provincias españolas. El Consistorio reclama por fraude, tres años; por cohecho, dos; por pertenencia a organización criminal, cuatro; por aprovechamiento de información reservada, dos años y multa de catorce meses; por malversación de caudales públicos, cuatro; y por falsedad, dos años y multa de ocho meses.

Del exalcalde, el Consistorio señala que fue el «conseguidor de contactos para iniciar y mantener los trabajos de las entidades vinculadas a Alejandro de Pedro». A este empresario valenciano recurrieron los políticos para mejorar su imagen.

El Consistorio apunta que De Pedro, a través de Madiva Editorial y Publicidad SL, «empresa vinculada a Alonso», creó en mayo de 2014 el periódico digital 'Noticias Cartagena' «con el propósito de beneficiar la reputación de la alcaldesa». Y añade que Madiva facturó esa tarea como trabajos de publicidad institucional para el Ayuntamiento, para enmascarar un contrato menor con pagos fragmentados y un «objeto irregular»: «la creación del diario y los honorarios del periodista gestor del mismo».

Después, asegura el Consistorio, «se decidió ampliar los servicios prestados por las empresas» de De Pedro a la mejora de la reputación 'online' de Sánchez y costear los trabajos sobre el consejero y la alcaldesa «de forma conjunta» y con cargo a la Consejería de Educación. El importe iba a ser de 3.000 euros para ambos y 1.600 para el periodista, y el dinero saldría de partidas de «formación». La acusación explica que «se iba a facturar de noviembre de 2014 hasta mayo de 2015 [fecha de las elecciones autonómicas en que Sánchez buscaba ser candidato del PP]», pero que todo «lo abortó» el hecho de «explotar operación judicial y policial 'Púnica'».

El Ayuntamiento recuerda que, «en el momento de la detención policial» de Alonso, en octubre de 2014, este llevaba encima «una tarjeta de crédito VISA, a nombre de M P Barreiro Álvarez, del Congreso de los Diputados, intransferible y de la que aquel no era persona autorizada». Que Alonso tuviera esa tarjeta de la entonces diputada nacional demuestra «la estrecha relación entre éste y la alcaldesa».

Para De Pedro, reclama 17 años de prisión por seis delitos; y para Madiva, una multa de tres años por cohecho. La Administración local también actúa contra Agustín Alonso, hermano del exregidor, y pide 8 años por fraude, pertenencia a organización criminal y malversación de caudales públicos. Lo considera «cooperador necesario», por realizar «labores ejecutivas como subordinado de su hermano, para que la Administración adjudicara con dinero público contratos innecesarios y de precio por encima de mercado, a cambio de trabajos reputacionales de carácter particular».

Dos exasesores y 2 hermanos

El Ayuntamiento señala, asimismo, a dos excolaboradores de Barreiro, por participar en las «labores preparatorias» de las contrataciones. Sobre el exjefe de gabinete de la regidora, Francisco Ferreño, y la exdirectora de Relaciones Externas, María del Mar Conesa, el Consistorio sostiene que «instrumentaron y propiciaron los materiales necesarios» para los trabajos de reputación, «a sabiendas de su irregularidad y en apariencia disconformes con la actuación de la alcaldesa, pero junto con ella». Para Ferreño, pide tres años (dos por fraude y uno por malversación) y una multa de 14 meses por revelación de información reservada. Para Conesa, reclama un año y multa de tres meses y un día por malversación.

Asimismo, el Consistorio acusa a Vicente Gimeno Quiles, como otro «subordinado» del exalcalde; a Francisco Javier Bueno, director comercial de Madiva y «subordinado» de Alejandro de Pedro; y a Adrián de Pedro, «hermano de Alejandro y responsable de los trabajos informáticos».

El Ayuntamiento también insta a que los investigados a quienes señala respondan de forma solidaria por los 4.840 euros, más los intereses legales. Además, quiere que se cite como testigo a la exedil de Turismo Carolina Palazón, ahora concejal del PP en la oposición y quien autorizó los pagos. En la instrucción, el Ayuntamiento solicitó lo mismo para el expresidente del PP de Cartagena Francisco Celdrán [por sospechas de que aceptó pagar los trabajos de Barreiro con cargo al partido], pero ha desistido.