Martínez-Cachá: «Llevaba un mes en el cargo y no tenía competencias en el tema»

La consejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, negó este viernes cualquier tipo de responsabilidad en relación a su presunta implicación del 'caso Guardería', a su llegada al Palacio de Justicia para declarar en el marco de esta causa.

«En ese momento, el de adoptar el primer acuerdo, yo llevaba escasamente un mes como edil del Ayuntamiento de Murcia y, además, yo era concejal de Parques, Jardines y Medio Ambiente, por lo que no tenía ninguna competencia de este asunto», señaló Martínez-Cachá en su descargo.

La consejera, investigada por presunta prevaricación administrativa, llegó alrededor de las 10.30 horas a los juzgados y declaró durante menos de media hora ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia que investiga el traslado y posterior derribo de la guardería del barrio de La Paz, en la época en la que Martínez-Cachá era edil en dicho consistorio.

Al ser preguntada sobre si se plantea dimitir si los instructores le mantienen la imputación tras su comparecencia judicial, Martínez-Cachá señaló que ella no «baraja ninguna hipótesis». «Yo vengo con ganas de aclarar todo lo que el Tribunal Superior de Justicia necesite con mi presencia hoy aquí, gracias a esta oportunidad», indicó justo antes de entrar en el edificio.

Ya a su salida del Palacio, la consejera señaló ya había «aclarado y contestado todas las preguntas», y «ahora me voy a trabajar». La consejera se manifestó tranquila y satisfecha por haber colaborado con la investigación y dijo que tiene «máxima confianza» en la Justicia.

Afirmó que ha contestado las preguntas planteadas por el presidente del tribunal, y reiteró que ella era responsable del área de parques y medio ambiente en la corporación municipal y, como concejal, tenía que asistir a las reuniones de la junta de gobierno y así lo hizo. "Era mi obligación", zanjó sobre su participación en la votación del traslado y derribo de la guardería.

Las diligencias elevadas al Tribunal Superior de Justicia por la condición de aforada de la ahora consejera tratan de determinar si varios miembros de la corporación, entre ellos el exalcalde Miguel Ángel Cámara, incurrieron en algún ilícito penal en 2007 cuando acordaron el derribo del centro educativo para que el promotor inmobiliario José López Rejas pusiera en marcha un proyecto de remodelación del barrio de La Paz. Este constructor proyectaba una rehabilitación integral de la zona y construir 1.502 viviendas, que no llegaron a edificarse.

La investigación llegó al Tribunal Superior de Justicia a raíz de la exposición motivada que le elevó el Juzgado de Instrucción de Murcia, que durante varios años tramitó las diligencias, que fueron archivadas y reabiertas en tres ocasiones.