La juez lleva a juicio a cinco policías por el presunto homicidio de 'Cala Cortina'

Los cinco policías nacionales acusados de la detención ilegal y del homicidio de un vecino de Las Seiscientas de Cartagena ya están formalmente sentados en el banquillo. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena, Emilia Ros Martínez, acaba de dictar un auto ordenando la apertura de juicio oral contra los cinco agentes, a quienes además fija una fianza de 470.000 euros para el pago de las posibles indemnizaciones que pudieran ser fijadas en sentencia.

En su resolución, la magistrada rechaza los últimos intentos de los abogados de la defensa de lograr el archivo de las diligencias, tanto libre como provisional, ya que considera que «a día de hoy subsisten todos y cada uno de los indicios racionales (...), que permiten sostener razonablemente la existencia de unos hechos de apariencia delictiva y la posible participación voluntaria en los mismos de todos los sujetos que han sido acusados por el Ministerio Fiscal y las distintas acusaciones particulares». Esto es, insiste en que la investigación judicial no ha servido para disolver las sospechas que existían contra los policías José Antonio C.G., Rubén Manuel F.S., José Luis S.A., José Carlos M.L. y Raúl A.R., que deberán responder ante un jurado popular de los presuntos delitos de detención ilegal y homicidio.

Los hechos que la juez señala como base para el enjuiciamiento son los que se produjeron en la madrugada del 11 de marzo de 2014, cuando Diego Pérez, vecino de Las Seiscientas, que «sufría esquizofrenia paranoide y trastorno de afectividad», telefoneó al 091 para reclamar auxilio policial, pues se sentía amenazado por unas personas y se encontraba asustado.

Hasta el lugar se desplazaron tres dotaciones de la comisaría de Cartagena, los patrulla Z-54, Z-56 y Z-57, con los cinco agentes ya mencionados y un sexto, Gregorio Javier G.M, quien falleció mientras se encontraba en prisión preventiva.

Cuando llegaron a la calle Estanislao Rolandi, Diego se encontraba en la vía pública, esperando, y los policías «comenzaron a cachearlo, llegando el agente José Luis Solano a darle una bofetada. A continuación, de común acuerdo y con intención de atentar contra su libertad, le indicaron de manera intimidatoria que subiera al vehículo policial Z-54. En lugar de trasladarle a dependencias policiales o a un centro sanitario, decidieron llevarlo a Cala Cortina».

Ocultaron la verdad

Unos minutos más tarde comunicaron a la Sala del 091 que habían resuelto la intervención tranquilizando a Diego, «ocultando, a sabiendas de su ilicitud, que los tres vehículos policiales se estaban trasladando a la cala con la víctima a bordo».

Ya en dicho lugar, «con ánimo de atentar contra su vida o asumiendo esa posibilidad, y aprovechándose de su superioridad numérica, física y del aislamiento del lugar, que disminuían o anulaban las posibilidades de defensa o auxilio de Diego, procedieron a propinarle golpes, causándola la muerte por rotura de las vértebras del cuello, para a continuación arrojar el cadáver al mar desde algún punto de la bahía».

El hermano de Diego comunicó su desaparición el día 13, lo que llevó a activar un dispositivo de búsqueda en el que participaron Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, «del que fueron informados los agentes acusados, quienes de común acuerdo continuaron ocultando su actuación».

«Acción violenta homicida»

El cadáver de varón fue hallado dos semanas después en Cala Cortina. La autopsia determinó que «Diego presentaba lesiones traumáticas vitales en estructuras cefálicas, oftálmicas y faciales, y que murió como consecuencia de una acción violenta homicida, por destrucción de los centros neuronales superiores debido a la fractura de la vértebra C-3 y fracturas trabeculares desde la C-2 a la C-7».

«Tras la aparición del cadáver -recuerda la juez-, y pese a haber sido al respecto en diversas ocasiones en el seno de la investigación iniciada, los acusados nuevamente ocultaron de forma reiterada su actuación».

Con esos argumentos, la magistrada rechaza las peticiones que habían efectuado los respectivos abogados defensores para que el asunto fuera archivado, ya que, bien insistían en que los hechos no eran constitutivos de delitos, o bien que no existen datos para atribuir determinados actos a estos agentes.

Tras sostener que existen indicios suficientes para abrir juicio por jurado popular a los cinco policías por presuntos delitos de homicidio y detención ilegal, la instructora ordena que las diligencias se remitan a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, para que proceda a señalar la fecha de la vista oral.

Igualmente, les mantiene a los acusados las medidas cautelares que les impuso cuando los dejó en libertad provisional, consistentes en comparecer en el juzgado una vez al mes para firmar.

Por último, cita a los policías a comparecer en el juzgado el día 15 de febrero, con el fin de informarles de que deberán cubrir una fianza de 470.000 euros, que se destinará a pagar las posibles indemnizaciones que puedan fijarse.