La prevaricación sí es un delito de corrupción

Desde ámbitos del PP regional se ha venido manteniendo en los últimos meses que el delito de prevaricación administrativa no puede englobarse entre aquellos a los que corresponde colocarles la etiqueta de corrupción. Unas consideraciones que tienen su base en la apertura de una investigación judicial sobre la adjudicación y construcción del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras y que buscarían, en último término, liberar de ese 'marchamo' de corrupción al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, en el supuesto de que llegara a verse investigado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La voluntad del PP de la Región de desligar la prevaricación de la corrupción no solo colisiona con la circunstancia de que forma parte de los delitos contra la Administración Pública, en la que se recogen todas las posibles conductas de desviación de poder castigadas penalmente, sino que además así lo considera el propio CGPJ.

En el informe presentado ayer por la máxima autoridad de la Administración de Justicia en España, Carlos Lesmes, las prevaricaciones administrativas y urbanísticas se contabilizan como casos de corrupción a todos los efectos, como también el cohecho, la infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos, el tráfico de influencias, la malversación, los fraudes y exacciones ilegales, las negociaciones prohibidas a los funcionarios, los abusos en el ejercicio de su función y la corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

De tal forma que de los cuatro delitos que la juez lorquina atribuye indiciariamente a Sánchez, tres de ellos -prevaricación, malversación y fraude- están contemplados como corrupción, y solo la falsedad documental se queda en su caso fuera de tal consideración.