Sanidad da carpetazo a los expedientes abiertos a 13 jefes con actividad privada

Las Gerencias de las distintas áreas de salud han comenzado a archivar los expedientes abiertos a los jefes de servicio y de sección que durante años han compaginado su puesto con la actividad privada pese a la prohibición expresa de la Ley del Personal Estatutario. La dirección de La Arrixaca ha dado ya carpetazo, sin sanción, a 10 expedientes (5 correspondientes a jefes de servicio y 5 a jefes de sección). Además, hay otras tres diligencias a punto de cerrarse con el mismo resultado: dos en el Reina Sofía y una en el Rafael Méndez (Lorca). En total, están resueltos o listos para el archivo 13 de los 16 expedientes que se iniciaron a raíz de una reclamación administrativa que el pasado mes de febrero presentó el Sindicato de Profesionales de la Sanidad (SPS). Permanecen aún abiertos tres de estos casos, que afectan al Morales Meseguer, Los Arcos del Mar Menor y el Lorenzo Guirao de Cieza.

Sanidad confirmó ayer todos estos datos, pero no ofreció explicación alguna sobre los argumentos jurídicos que han motivado el archivo de las diligencias. Según ha podido saber 'La Verdad' de fuentes sanitarias, en el caso de los jefes de sección las actuaciones se han interrumpido una vez que la reforma de la Ley del Personal Estatutario aprobada el mes pasado en la Asamblea les ha abierto la puerta a la compatibilidad. Pero los jefes de servicio siguen teniendo prohibida la actividad privada, pese a lo cual también se están archivando las actuaciones sin que Sanidad aclare el contenido de las resoluciones.

Al margen de la investigación que se abrió en su día a estos 16 profesionales a raíz de la denuncia interpuesta por el Sindicato de Profesionales de la Sanidad, quedan por resolver las diligencias informativas incoadas de oficio por la Dirección General de Recursos Humanos a otros 32 jefes de servicio que también mantienen actividad en el sector privado. Fuentes sanitarias consultadas por 'La Verdad' coinciden en que la intención del SMS es evitar las sanciones. Recursos Humanos ya les ha trasladado que deben elegir entre renunciar a la actividad privada o a la jefatura de servicio, lo que significa que en las próximas semanas podrían producirse dimisiones.

«Se trata de un tema muy complejo y estamos aunando información para resolverlo durante este mes de enero», explican fuentes del SMS. «Hay cuestiones de índole jurídico que se están valorando adecuadamente para la correcta resolución de este asunto», añaden.

Fuertes tensiones internas

La polémica de las incompatibilidades ha generado fuertes tensiones internas en el Servicio Murciano de Salud en los últimos meses. Los jefes afectados se han reunido en varias ocasiones con el director gerente del SMS, Francisco Agulló, y con las direcciones de las áreas de salud, y algunos han amagado con presentar dimisiones en bloque e incluso con llevar a los tribunales a la Administración. El Sindicato Médico (CESM) ha tratado de ejercer de mediador.

El Sindicato de Profesionales de la Sanidad (SPS), que interpuso la denuncia con la que estalló la polémica, pidió luego el archivo de los expedientes al entender que la Consejería intentaba trasladar su propia responsabilidad a los profesionales. «Quienes permitieron el incumplimiento de la ley son los altos cargos: el director gerente del SMS, Francisco Agulló, y el director de Recursos Humanos, Pablo Alarcón», subrayó ayer el secretario de Organización del SPS, Antonio Martínez.

«Nuestra intención no era iniciar una caza de brujas, lo que queremos es que se cumpla la ley. Si a partir de ahora va ser así, nos alegramos», añadió. Por su parte, el presidente del Sindicato Médico, Francisco Miralles, se congratuló de que no haya sanciones, e insistió en que decenas de jefes de servicio han compaginado sus cargos con la actividad privada durante estos años porque la Administración les concedió la compatibilidades en base «a una interpretación» del Estatuto Marco de los Servicios de Salud de 2003, que abría la puerta a dicha compatibilidad. El Gobierno regional nunca adaptó la ley autonómica a este Estatuto Marco.