Casanova se declara «un hombre de honor» y desmiente el fraude a la UE

Dos de los trece acusados por el 'caso Alvalle' han fallecido durante la instrucción de unas diligencias que se iniciaron un lejano octubre de 1999. Con una circunstancia tan lamentable no es de extrañar que el inicio del juicio por un supuesto fraude de 700.000 euros en ayudas europeas estuviese marcado por las cuestiones previas, que los siete letrados de las defensas plantearon ayer a la Audiencia Provincial para reclamar el sobreseimiento del caso por violación del derecho de defensa, prescripción y dilaciones indebidas.

La Sala desestimó tal petición, pero el fiscal José María Alcázar reconoció que los tiempos de la instrucción «son inadmisibles» y avanzó una «rebaja de dos grados en todas las penas». Es decir, ninguno de los acusados pisará la cárcel porque les peticiones de prisión no sobrepasarán el año y medio. Esta demora no es solo achacable a la Administración de Justicia, que entre 1999 y 2009 solo practicó dos diligencias, sino también a Hacienda, porque no emitió su primer informe pericial hasta 2004. Los restantes los aportó por fascículos: en 2006 y 2008.

El primero en prestar declaración al cabo de 17 años fue el ex consejero delegado de Alvalle, José María Casanova. «Me considero una persona de honor y aún sigo siéndolo», sentenció al inicio de su comparecencia, en la que denunció haber sufrido «años de linchamiento» por tan dilatada instrucción. Incluso retó a la Sala: «Espero que demuestren en este juicio que hicimos conciliábulos para pagar a los agricultores 3.000 euros».

El fiscal considera que Casanova diseñó presuntamente un plan para obtener de forma fraudulenta subvenciones de la Unión Europea, aumentando de forma ficticia los kilos de fruta que entre 1994 y 1997 compró a productores de la Región, Andalucía y Alicante para transformar la mercancía en zumo. Por ello le preguntó si instó a su director de compras a amañar precios y a inflar las cantidades de naranja que Alvalle recepcionaba: «Para nada, ¡qué barbaridad!». También defendió que siempre adquirían género conforme a las necesidades reales de producción. «No comprábamos al tuntún».

El 'caso Alvalle' se destapó después de que Puleva denunciase ante la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) una serie de irregularidades en la contabilidad de la firma murciana. Casanova afirmó ayer que fue un «acto de defensa» de la empresa láctea, que quería evitar las obligaciones de un precontrato suscrito con Alvalle. «Querían evitar el pago de los 100 millones de pesetas que le hubieran impuesto como sanción».

Como prueba de que su mercantil tenía las «cuentas claras» recordó que seis meses después de la fallida operación con Puleva, «vendimos la compañía a Pepsico por un 10% más». La dilación en la instrucción volvió a salir a relucir cuando el fiscal le preguntó si compraban zumos a Portugal, a 75 pesetas el litro, para justificar las subvenciones europeas. El empresario respondió: «No me acuerdo de nada».

Ni un café con los inspectores

En el periodo bajo sospecha firmó unos 600 contratos de compra y el Ministerio Público le interpeló si adquirían naranjas de mala calidad, pero Casanova se desvinculó de esa responsabilidad. «Los corredores eran responsables de que no nos vendieran porquería». Lo mismo ocurrió cuando le recordó que las explotaciones carecían de la capacidad productora para justificar los pedidos que hacía Alvalle. «El jefe de compras y los corredores debían constatar la capacidad de producción de las fincas».

Sobre su relación con los inspectores que debían velar por el cumplimiento de las exigencias de las ayudas europeas, el empresario fue taxativo: «No me llegué a tomar ni un café con ellos».