La sentencia es un golpe para la Asociación de Propietarios, que reclaman 255 millones

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región asesta un varapalo a las esperanzas de la Asociación Colaboradora de Propietarios de Marina de Cope, que el pasado febrero anunció que acudirían a la vía judicial para tratar de ser indemnizados con 255 millones de euros por la Administración regional. Atendiendo a los argumentos jurídicos de la Sala, las posibilidades de que pueda llegar a prosperar esa demanda son prácticamente nulas.

«La Comunidad Autónoma tiene la obligación de afrontar las consecuencias» derivadas de la declaración de inconstitucionalidad de ese macrocomplejo, había manifestado a 'La Verdad', en febrero, un portavoz del principal grupo de promotores. La mencionada Asociación Colaboradora de Propietarios está formada por veintitrés mercantiles, diez de ellas de la Región. Entre ellas se encontraba Summa Inversiones, entonces división inmobiliaria de Cajamurcia, ahora extinguida. Los principales propietarios de terrenos en esa zona siguen siendo Urbanizadora Marina de Cope SL (controlada por Iberdrola) y Arocasa (gestora de suelo e inmuebles con sede en Pozuelo de Alarcón, Madrid).

El TSJ casi les deja sin esperanzas, ya que asegura en su reciente sentencia que «no es cierto que existieran actos de la Administración regional que indujeran a confiar en el buen fin de la operación urbanística, y aún cuando los hubiera habido, el objetivo de la promotora era la obtención de un beneficio empresarial a través de su participación en un negocio que no estaba exento de riesgos». De ahí que concluya que «los perjuicios que reclama no se deben a la ley declarada inconstitucional, sino a su propia actuación».