Fecoam, UPA y Coag vuelven de Madrid con las manos vacías para salvar el riego de otoño

Los dirigentes de Coag, UPA y Fecoam regresaron ayer de Madrid con los ánimos por los suelos y las manos vacías. La directora general del Agua, Liana Ardiles, les dijo que no puede darles ninguna garantía para que dispongan de los recursos que necesitan a partir de octubre. Los regantes podrán completar este año hidrológico, que acaba el 30 de septiembre, pero el siguiente es una incógnita agravada por las menores reservas. Regresaron convencidos de que tienen que movilizarse, después de reclamar al Ministerio, sin éxito, caudales adicionales para mitigar el cierre de los pozos y desalobradoras del Campo de Cartagena.

El bloqueo institucional, con un Gobierno en funciones y el Congreso sin margen de maniobra, complica más la situación porque no se pueden tomar medidas extraordinarias, según comentó Ardiles a los responsables de Coag (Miguel Padilla y Vicente Carrión), UPA (Marcos Alarcón y Antonio Soriano) y la Federación de Cooperativas Agrarias (Santiago Martínez). Por parte de la Consejería asistió Juan Madrigal.

Sin trasvase extraordinario

Como medida excepcional solicitaron un desembalse «ambiental y adicional» del Tajo, superior a lo que marca la regla de explotación. Miguel Padilla explicó que necesitan más volumen para «evitar una catástrofe en los cultivos». Recordó, al igual que Santiago Martínez, que hay 500 hectómetros en la cabecera del Tajo. «Nos ha contestado que esa medida depende de una ley del Congreso, y que el Gobierno está en funciones». Con las reservas actuales, el Memorándum solo permite trasvasar 20 hectómetros por mes en origen, de los que 9 son para abastecer a la población.

«Le hemos pedido garantías de agua a partir de octubre, y la directora general ha contestado que no puede darnos ninguna, y tampoco sabe en este momento qué medidas va a tomar el Ministerio», añadió Padilla, confirmando el temor que tenían los regantes. Explicó que hay recursos para terminar este año hidrológico, pero nada se sabe de lo que ocurrirá a partir de octubre. Recalcó que los cultivos llevan un mes y medio de retraso en el Valle del Guadalentín porque los agricultores no saben si dispondrán de caudales.

Tampoco recibieron garantías para poder comprar 12 hectómetros cúbicos a los agricultores de Estremera y La Poveda, en la provincia de Madrid. Ardiles comentó que la operación sigue pendiente de varios trámites y aspectos que hay que subsanar. El Ministerio debe dar traslado a varios organismos e instituciones para que informen, entre ellos la Abogacía del Estado. El Sindicato Central de Regantes del Trasvase (Scrats) ha culpado directamente al funcionario encargado de tramitar estos expedientes, que fue un antiguo director general contrario al acueducto Tajo-Segura.

Los representantes de UPA, Coag y Fecoam expusieron a Ardiles que se ha producido un desequilibrio en la cuenca del Segura debido al cierre de pozos y desalobradoras en el Campo de Cartagena, a raíz de las medidas para atajar los vertidos al Mar Menor. «Tomaron decisiones sin tener prevista la solución, con lo cual se ha agravado la situación». También pidieron mayor celeridad para los pozos del acuífero de Calasparra. Padilla espera que la Mesa del Agua se reúna para tomar medidas.

La Consejería de Agricultura señaló que trabajará con la prórroga del decreto de sequía para reclamar recursos extraordinarios.

Caudales disponibles

La Confederación informó ayer de que con fecha del 1 de agosto había 68,5 hectómetros disponibles para los regadíos del Trasvase, y otros 100 para los cultivos tradicionales. Con este volumen se debe acaba el año hidrológico, y una parte ya se ha utilizado. Los usuarios del Trasvase tenían en esa fecha 23,4 hectómetros del Tajo pendientes de consumir. Les corresponden otros 8,1 de la CHS y 12 de los pozos de Calasparra. Había otros 25 cedidos por la cuenca, que se van a intercambiar por agua desalada de Torrevieja.