J. A. G. / R. F.
Sábado, 25 de junio 2016, 00:40
La acusación particular en la pieza del 'caso Novo Carthago' que está en manos del Tribunal Supremo se muestra convencida de que dispone de una nueva arma para evitar que la exalcaldesa de Cartagena y candidata al Senado por el PP, Pilar Barreiro, sea definitivamente exculpada. Así el abogado Juan Francisco Pérez Avilés, que representa los intereses de Izquierda Unida y de los concejales socialistas Ana Belén Castejón y Juan Pedro Torralba en ese asunto, anunció ayer que remitirá al Alto Tribunal el auto dictado la semana pasada por la juez murciana Miriam Marín, en el que expresamente afirma que existen múltiples indicios de que la supuesta recalificación ilegal de los terrenos de Novo Carthago solo fue posible merced «a la actuación coordinada entre el Ayuntamiento de Cartagena, la Consejería de Medio Ambiente -a cuyo frente estuvieron los imputados Antonio Cerdá y Francisco Marqués- y la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio», que estaba presidida por el también imputado Joaquín Bascuñana.
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En la resolución dictada por la instructora de la pieza nuclear del 'caso Novo Carthago' en Murcia también se resalta el papel desempeñado por el exalcalde socialista de Cartagena y amigo íntimo de Pilar Barreiro, José Antonio Alonso, quien cobró 1,6 millones de euros como intermediario en la compraventa de los terrenos de Novo Carthago. Más todavía, la juez apunta a que la intervención de Alonso fue mucho más allá de mediar en la transacción, pues se sospecha que fue quien ofreció garantías de que los terrenos iban a ser recalificados a pesar de que una parte de ellos estaba afectada por una especial protección ambiental. La manera en que Alonso percibió el pago de esos 1,6 millones de euros, a lo largo de varios años, hace sospechar que los desembolsos por parte de la promotora se le iban haciendo conforme el proyecto urbanístico iba superando los diversos trámites administrativos.
Aunque el magistrado José Ramón Soriano ordenó días atrás el archivo de los cargos contra Pilar Barreiro, al estimar que no aparecen indicios de delito en su actuación, esa decisión ha sido recurrida por las acusaciones particulares y está pendiente de que se pronuncie al respecto la Sala de lo Penal.
El letrado Pérez Avilés explicó que este lunes remitirá el auto de la juez Marín al Tribunal Supremo, aduciendo que se trata de «hechos sobrevenidos», con la intención de que el contenido de la resolución sirva para apuntalar las sospechas que existían contra Barreiro y se revoque el sobreseimiento.
El representante de la acusación particular hizo también un llamamiento a la Fiscalía del Tribunal Supremo para que, a la vista de los nuevos datos conocidos, «cambie su postura sobre la exalcaldesa de Cartagena y defienda que debe seguir siendo investigada, en coherencia además con la posición de sus compañeros de la Fiscalía Superior de Murcia, que han dedicado cientos de horas de trabajo a este asunto».
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