«Pilar Barreiro es absolutamente honrada»

El Gobierno central ha salido esta semana en tromba a defender al presidente de la Comunidad y a relativizar el informe en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil advierte al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco de un supuesto fraude cometido por Pedro Antonio Sánchez, en connivencia con una de las empresas de la trama Púnica. Alfonso Alonso, ministro de Sanidad en funciones, acudió a Murcia el jueves, y atendió a 'La Verdad' en la sede del PP dispuesto a intentar convencer a sus votantes de que todo es una exageración mediática.

- ¿Es políticamente sostenible la permanencia en el cargo del presidente Pedro Antonio Sánchez, sobre quien la Guardia Civil dice, en un informe, que pudo cometer fraude?

- Bueno, yo creo que no hay un informe, hay una filtración de un supuesto informe, que no sabemos que trascendencia tiene. Realmente no hay ninguna acusación. La circunstancia extraña, insólita, que hemos vivido esta semana con este asunto, es que se pone a todo un presidente de una comunidad autónoma en la tesitura de tener que acreditar documentalmente su inocencia, sin que nadie haya formulado ninguna acusación y simplemente por una filtración, que aparece en medios, de un supuesto informe. Eso no ha pasado nunca. Se conculcan tantas garantías y tantos derechos, y es tan difícil que alguien se pueda defender, que es una circunstancia que yo calificaría de insólita. Además, se pretenden hacer determinadas insinuaciones sobre la base de supuestas intenciones. Pero claro, acusar a alguien sobre supuestas intenciones es algo que podría no tener fin. Tenemos que ser más serios en España, tener más rigor, y sinceramente procurar entre todos la Justicia, tratar a la gente con Justicia. Y yo en este caso no lo he visto. En este sentido no es que le dé el apoyo, es que es una persona que tiene derecho a que su honor no se vea conculcado.

- Disculpe ministro, habla usted de «supuesto informe», pero el informe es real y dice lo que dice. Todos hemos tenido oportunidad de leerlo en la prensa.

- Los informes van a un juez, que es quien tiene que tomar la decisión. Los informes no pueden formular acusaciones, y por tanto no se ha formulado absolutamente ninguna acusación. No pesa sobre él (Pedro Antonio Sánchez) acusación alguna. Y en cualquier caso, todo eso se ha desbaratado porque el presidente ya ha demostrado documentalmente que jamás contrató con esa empresa. Así que caso cerrado, absolutamente cerrado, y si se pretende mantener abierto es porque no se quiere hablar de otros casos y porque interesa esto la semana que procesan a Chaves y Griñán (por la trama de de los ERE).

- Pero es que la Guardia Civil ya sabe que no se firmó un contrato. Lo que dice el informe (en base a conversaciones de 'whatsapp' y 'email', así como otros documentos y testimonios) es que Sánchez pudo alcanzar un acuerdo (para su promoción personal con dinero público destinado a Formación) que quedó desbaratado precisamente por la operación que destapó la 'trama Púnica'.

- Todo eso son suposiciones. Yo soy abogado, y antes de la política me dedicaba al Derecho. Y creo que cuando estamos en política tenemos que dedicarnos a luchar por la Justicia. Creo en un Estado de Derecho con garantías procesales. Cuando a alguien se le acusa de algo se hace formalmente, se le dice de qué y se le permite tener medios de defensa. No creo que la gente tenga que probar su inocencia. Yo creo que el sistema de libertades por el que luchamos muchos es diferente, es otro sistema. No creo que haya nadie que pueda arrogarse, fuera del Derecho, la capacidad de decidir si alguien es culpable o no culpable. No podemos erigirnos en jueces. En este caso lo que he visto es que no existe ninguna acusación, que se ha tratado de filtraciones periodísticas, que no se ha firmado absolutamente ningún contrato. Y por tanto no veo razonable que haya gente que se ponga en la primera fila del linchamiento.

- Pero si el juez, con ese informe de la UCO, decide investigar a Pedro Antonio Sánchez y lo imputa, ¿debería dimitir en ese momento?

- Pero bueno, es que eso son muchas hipótesis. Esa pregunta se puede formular respecto de cualquier persona, de los 47 millones de españoles...

- No todos los 47 millones de españoles tienen detrás un informe de la Guardia Civil.

- Bueno, no lo sé, le quiero decir que no se produce esa hipótesis y no tiene sentido hablar...

- Es que no es una elucubración, hay un informe de la Guardia Civil.

- Pero yo creo que hablar sobre hipótesis que sitúan a las personas en el escenario más perjudicial que podrían tener... No me puedo meter en un mundo de hipótesis porque son infinitas.

- ¿Y con respecto a la candidata al Senado Pilar Barreiro? Porque ella sí firmó.

- ¿Y si es cierto que es inocente?, ¿qué es lo que tendría que ocurrir?, ¿qué tendrían que hacer quienes han estado acusándole? De momento esa no es una hipótesis, esa es la situación.

- Le preguntaba por Pilar Barreiro porque ella también aparece en ese informe y en su caso sí llegó a firmar un contrato con una empresa de la Púnica. ¿Tampoco tiene que renunciar a la candidatura?

- Al presidente de la Comunidad lo conozco desde hace poco, vine a su toma de posesión. A Pilar Barreiro ya la conocía de antes, porque hemos coincidido cuando yo era alcalde de Vitoria y también hemos sido compañeros en el Congreso durante dos legislaturas. Creo que ha sido una magnífica alcaldesa. Me parece una persona absolutamente honrada, no puedo hablar mal de Pilar. Tampoco puedo conocer todo de las personas, pero no voy a hablar mal de ella, como comprenderá. Creo que ha sido muy buena alcaldesa y diputada, y muy buena persona. Es que hay que confiar también en las personas, y creo que en Pilar se puede confiar.

- Hablemos de Sanidad. La oposición acusa al PP de haber tocado algunos de los principios básicos del sistema público. Por ejemplo la universalidad, con la retirada de la tarjeta a los inmigrantes irregulares -aunque la medida fue parcialmente rectificada después-, y también con la implantación del copago farmacéutico a los pensionistas.

- Creo que la sanidad pública española atiende a todo el mundo. En cuanto a quién tiene que tener tarjeta sanitaria, hay reglamentos europeos que lo determinan. Nosotros exigimos cosas a los ciudadanos comunitarios, y no podemos ofrecer peores condiciones a un comunitario que a cualquier otro ciudadano extranjero. Si un inglés o a un alemán viene a Murcia a vivir le pedimos, para tener residencia, que acredite que tiene un seguro de su país o puede pagarse la sanidad, o que tiene trabajo aquí. Eso parece razonable, y de hecho sus países nos pagan por la asistencia sanitaria que reciben esos ciudadanos. Así que no parece que tenga mucho sentido que un derecho que otorgamos en esas condiciones a los ciudadanos comunitarios en base a los reglamentos europeos, se lo demos sin más a ciudadanos no comunitarios que además están en una situación administrativa irregular. Es fácil de entender.

- Su ministerio es también responsable de la Dependencia. Algunas asociaciones denuncian que la ley se ha dejado languidecer. Se quejan de que la cuantía de las ayudas económicas ha ido reduciéndose, mientras los baremos para acceder a ellas se han ido haciendo más estrictos. Por no hablar de las miles de personas que han tenido que esperar durante años a recibir sus prestaciones.

- Bueno, el baremo es el mismo que había en la legislatura anterior. Para ser serios, la discusión sobre la Dependencia no puede ser un juego de reproches continuos. Nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo para terminar el despliegue de la ley, para incorporar a los dependientes moderados, para garantizar la financiación. Yo lo que pido es un gran pacto social, es la gran tarea para la próxima legislatura.