El procurador de la desaladora pide 318.000 euros de minuta

El director general de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, Francisco Ferrer, informó este miércoles a la comisión parlamentaria de la desaladora de Escombreras que el procurador que fue contratado por el Ente Público del Agua en la demanda por impagos, ha presentado una minuta de 318.000 euros por su trabajo. Ferrer indicó que su departamento ha hecho un informe desfavorable, con fecha del pasado día 4, para que esa minuta se reduzca considerablemente porque hubo un acuerdo entre las partes en el juicio.

El procurador calculó su minuta sobre los 570 millones de euros que reclamó el grupo ACS, y no sobre la deuda de la Comunidad por impago en ese momento. Además, el procurador no tuvo que trabajar mucho, ya que hubo acuerdo y el litigio no se alargó.

Aparte están lo que piensa cobrar el abogado y las minutas por otra demanda judicial por impago que se juzgará el mes que viene. El abogado, que es también apoderado de la desaladora, hizo una previsión de minuta de casi 700.000 euros por esta segunda demanda, como ha venido publicando 'La Verdad'. Si la defensa de la desaladora la hubiera llevado la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, los gastos habrían sido cero. Este departamento de la Comunidad no usa procuradores, salvo cuando actúa en Madrid. De hecho, el interventor general recomendó en su día que la defensa la llevarán los Servicios Jurídicos, pero el gobierno regional no quiso.

La oposición mostró su extrañeza porque el Ente público y el Gobierno regional no hubieran recurrido a los Servicios Jurídicos y sí a un abogado privado, con procurador, con el consiguiente coste elevado para las arcas de la Comunidad, pese al prestigio de los abogados de la Comunidad. Los diputados del PSOE, Podemos y Ciudadanos han acabado el trabajo y los informes de los Servicios Jurídicos de la Comunidad y de la Intervención General.

Francisco Ferrer, por otra parte, indicó a preguntas de los grupos parlamentarios que su departamento no informo sobre la constitución de la desaladora y de los contratos entre el Ente público y el grupo ACS. Solo informó de la creación de la sociedad instrumental Hidronostrum. No hubo petición de otros informes a su departamento, al que llegó en julio de 2007, un año y medio después. Ferrer emitió un informe el año pasado, basado en otros de la Intervención General, para que se remitirá el expediente de la desaladora a la fiscalia del TSJ que ya tenía abierta unas diligencias. Al igual que el interventor, dijo que la desaladora se montó sobre una fórmula público privada del momento, que luego se cambió, y que se guiaba por el derecho privado.

Ferrer ha cursado la personacion de la Comunidad Autónoma ante el Tribunal de Cuentas, que abrió diligencias por indicios supuestos de responsabilidad contable.