Ciudadanos destituye a su delegado territorial pero deja sin aclarar las facturas

El escándalo de las facturas de Ciudadanos (C's) se cobró ayer su primera víctima política. El partido que lidera a nivel nacional Albert Rivera destituyó a media tarde a quien era su delegado territorial desde hace menos de dos meses, Mario Gómez Figal, señalado como máximo responsable del «error» cometido al intentar cargar irregularmente a la Asamblea Regional recibos de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015. Además, le abrió un expediente disciplinario, igual que al diputado regional Luis Fernández, responsable de las finanzas en el grupo parlamentario, para determinar si ambos tienen que dejar sus cargos institucionales. Gómez es concejal y jefe de filas en el Ayuntamiento de Murcia. El portavoz, Miguel Sánchez, ha sido eximido de cualquier responsabilidad en este asunto, por ahora.

La destitución del delegado territorial y la apertura de los expedientes fue decidida por la Secretaría de Organización de C's, que dirige Fran Hervías desde Barcelona, después de analizar el informe que el propio Gómez elaboró ayer por la mañana en la Asamblea con datos y documentos aportados por los trabajadores del grupo, ya que Fernández estaba de viaje en Madrid. En la decisión también pesó que Gómez fue quien ordenó hacer con nuevas fechas los recibos de gastos electorales que el departamento de Finanzas de su partido había advertido de que no le admitirían por ser emitidos antes de la de constitución del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el pasado 18 de junio.

Con esas medidas disciplinarias, C's trató de dar ejemplo y cerrar la polémica generada el jueves por la tarde, cuando trascendió que el grupo parlamentario había aportado para justificar sus gastos de funcionamiento en 2015 al menos una decena de facturas correspondientes a servicios de la campaña electoral y que previamente habían sido devueltas por el departamento de Finanzas de Barcelona por razones que siguen sin ser aclaradas. El montante económico total de los documentos conocidos hasta ahora ronda los 10.000 euros, aunque en los órganos económico-financieros de la Cámara sospechan que puede ser mayor.

Pagos prohibidos por ley

El pago de gastos electorales con dinero procedente de cualquier administración, corporación, organismo o empresa pública está prohibido por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. No es esa la única irregularidad cometida por C's en este caso, ya que finalmente abonó a sus proveedores los servicios prestados más allá de los 90 días de plazo máximo que la misma norma establece para liquidar todos los gastos relacionados con unas elecciones. La fiscalización de esa contabilidad corresponde al Tribunal de Cuentas, que muy probablemente volverá a examinar la de C's en la Región tras lo que ahora se conoce.

Pese a los intentos de sus protagonistas por tratar este asunto como un «error administrativo», el escándalo de las facturas aún tiene muchos interrogantes. Responsables del PP y de Podemos se apresuraron a pedir a C's que aclare que detrás de esas facturas no hay una trama de financiación ilegal. El portavoz parlamentario, Miguel Sánchez, aseguró que no la hay, como tampoco de fraude mediante un doble abono de servicios para beneficiar a terceros. Fue el interés en pagar cuanto antes a sus proveedores, añadió, lo que les llevó a cometer una equivocación por «bisoñez e inexperiencia», atribuible también a que «somos cuatro diputados y vamos como locos» con el trabajo.

No obstante, por segundo día consecutivo no supo aclarar por qué la decena de facturas cargadas en noviembre pasado a la cuenta del grupo parlamentario fueron devueltas anteriormente a Murcia desde la sede central de Ciudadanos, que se negó a pagarlas. «No me consta», respondió a la pregunta de 'La Verdad'.

Además, en un comunicado, el partido dio por subsanado el error, pese a que la Asamblea niega que sea así. Fuentes del Parlamento explicaron que todos los documentos contables y las facturas entregadas por los cuatro grupos parlamentarios para justificar sus gastos entre junio y diciembre pasados deberán ser revisados por Intervención, que se encargará de ver ahora qué documentación está en regla y cuál no. Después se abrirá un plazo para subsanación de errores. Será ese el momento de aclarar anomalías, antes de que las conclusiones definitivas de ese trabajo de fiscalización interna lleguen a la Mesa de la Asamblea.

Reunión 'secreta'

Aunque la dirección nacional del partido tomó decisiones contundentes en apenas 24 horas, la polémica de las facturas deja al descubierto una importante división de sus responsables orgánicos y más importantes cargos públicos. Así, mientras Sánchez trataba de defender la legalidad de su grupo parlamentario, Mario Gómez se encontraba en el despacho que ocupa el diputado Luis Fernández como secretario de la Mesa de la Asamblea preparando el informe que le costó la destitución en compañía del dirigente regional José Ángel Banet y tres técnicos de C's.

Sánchez dijo haber descubierto a Gómez en la Asamblea cuando entró cinco minutos al despacho del secretario en busca de unos documentos. «No sabía que estaba», aseguró a 'La Verdad'. El portavoz salió mucho más tranquilo y sonriente de lo que había estado antes porque ya había trascendido el contenido del mensaje telefónico de Gómez ordenando pedir a los proveedores nuevas facturas con fechas actualizadas para cargarlas a la Asamblea.

En plena crisis, el diputado responsable de las finanzas del grupo, alineado políticamente con Gómez, se encontraba en Madrid, asistiendo a un encuentro de economistas. Los otros dos diputados, Juan José Molina y Miguel López-Morell, no aparecieron por la Cámara. El viernes es el día habitual en el que los parlamentarios realizan visitas y reuniones en el exterior, tanto institucionales como de partido.