El cómputo de la hepatitis C en el déficit se cuela en el Consejo de Salud

La mayoría de comunidades autónomas, incluidas algunas del PP como Castilla y León, reclaman al Gobierno que no compute como déficit público el gasto de los tratamientos para la hepatitis C tal y como prometió hace un año el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, cuando se aprobó el Plan Estratégico Nacional, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se celebra este miércoles.

Al inicio de la reunión, que comenzó a las 16 horas en la sede del Ministerio, la mayoría de consejeros autonómicos de Sanidad y Salud han reprochado al Ejecutivo en funciones y, en particular, al titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Crístóbal Montoro, que achacara al gasto de los nuevos fármacos de la hepatitis C el desvío del déficit público de las comunidades en 2015, a pesar de que este tema no está incluido en el orden del día de la reunión.

Sobre todo, añadieron, cuando hace un año Sanidad y Hacienda presentaron el plan de financiación de estos fármacos y garantizaron que no computaría como déficit "a efectos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria", según dijo entonces Alonso, para que "ninguna comunidad tenga problemas para afrontar esta situación".

Malestar también en el PP

"No es razonable que el mismo Gobierno que nos reclama cumplir los objetivos de déficit, apruebe un plan estratégico e incorpore medicamentos de elevado coste, es una contradicción (...) Hacienda en su momento se comprometió a que no iba a computar como déficit y lo seguimos reivindicando", denunció el consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado.

También lo criticó el conseller de Salut de Cataluña, Toni Comín, que defiende que "la lealtad institucional consiste en no decidir a solas sobre una política y hacer que la financie otra institución" y pide "buscar alguna solución" para seguir tratando a estos pacientes. En su caso, reconoció que Cataluña está financiando estos fármacos "en base a su presupuesto" y argumenta que "eso explica la desviación presupuestaria del Departamento de Salut sea la mayor de la historia".

Por su parte, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales de Extremadura, José María Vergeles, tachó de "barbaridad" y "despropósito" que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, haya anunciado que todos los pacientes están ya tratados y que, por tanto, "no va a financiar" el tratamiento para esta enfermedad en el año 2016. "Esto nos parece una barbaridad y una irresponsabilidad por parte del Gobierno de España", recalcó a la entrada al CISNS.

Críticas de las comunidades del PSOE a Montoro

El consejero de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, recordó que se prometió que se iban a financiar los tratamientos durante 3 años y avisó de que las comunidades autónomas "no pueden soportar" esa infrafinanciación. "Están trastornándonos a las comunidades de una manera intencionada", lamentó.

Con la misma opinión, el consejero de Asturias, Francisco del Busto, quien calificó de "desafortunadas" las declaraciones de Montoro y avisó de que son las asociaciones de pacientes quienes deben de decir cuántos enfermos de hepatitis C están tratados y cuántos no. Además, Del Busto solicitó al departamento que dirige en funciones Alonso que explique si en 2016 se van a mantener las mismas "condiciones" que en 2015.

"Si no computa déficit, ¿qué hacemos?, ¿cerramos un hospital?", cuestionó la consejera de Baleares, Patricia Gómez, para solicitar "seriedad" y que se tomen los acuerdos "consensuados y reflexionados" para que no ir "pegando bandazos". Y es que, tal y como recordó, "no se puede jugar" con la salud de las personas, ni con un tratamiento que está siendo "tan efectivo".

"Es totalmente contraproducente. Es una medida más que genera preocupación, inquietud y que las comunidades autónomas no podemos asumirla", enfatizó la consejera balear.

Piden saber cuánto han costado los fármacos al final

Y el titular de Sanidad de Aragón, Sebastián Celaya, denunció que siguen sin saber cuánto han costado esos fármacos porque fue una negociación que llevó directamente el Ministerio con los laboratorios pero les "gustaría saber, por transparencia, porque nos da la impresión de que se están pagando precios distintos en distintas comunidades".

Además, reconoce que "todavía quedan muchos enfermos sin tratar" y dudan de "qué pasará este año" después de que Montoro haya echado la "culpa" del déficit a estos fármacos. "Es una salida de tono fuera de lugar y hay que seguir tratándolos", denunció, sobre todo cuando hay muchos otros que también están sin diagnosticar y todavía se debe hacer un censo real de cuántos pacientes hay en España.

Del mismo modo, la consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, Carmen Montón, por su parte, consideró una "vergüenza" que Hacienda "diga que están todos los pacientes tratados cuando no es cierto" y les acusa de no terminar de hacer las transferencias que les habían prometido, ya que en su caso todavía les faltan 27 millones que deben destinarse a financiarlos.

Piden retirar el Real Decreto de prescripción Enfermera

Asimismo, la mayoría de comunidades también criticaron que en el último punto del orden del día se vaya a analizar la situación del RD de 'prescripción enfermera' y, más aún, en el aportado de 'asuntos para información' porque, según destacó Extremadura, debería ser un tema tratado en el pleno por la "lucha de intereses" entre los profesionales médicos y enfermeros que se ha creado tras su aprobación. "Nos parece un auténtico despropósito porque, además, lo han metido a última hora y con calzador", apostilló Vergeles.

Cataluña reclamó "la retirada lo antes posible" de esta norma "por razones de forma en la aprobación y por razones de contenido", ya que para el conseller "crea inseguridad jurídica" y es "totalmente incompatible con la práctica asistencial", lo que genera "riesgos para la seguridad clínica de los pacientes".

Castilla-La Mancha, por su parte, insistió en que ha generado una "distorsión absoluta" entre ambas profesionales, por lo ha vuelvo a pedir la derogación "absoluta" de la medida por los médicos y enfermeros y, también, por el SNS, lo que "interesa a todos los españoles".

La derogación de la medida ha sido también solicitada por Del Busto quien, además, recordó que la "mayoría" de las comunidades han presentado recursos ante los tribunales. "Pedimos la derogación absoluta y volver a iniciar desde cero las negociaciones de todos los colectivos para llegar a un documento de consenso tanto con los médicos, enfermeros y sindicatos como con las asociaciones de pacientes porque son los que sufren esta situación", argumentó el consejero asturiano.

Además, la consejera de Sanidad de Baleares avisó de que "no se puede establecer" un nuevo marco jurídico desde la "confrontación" entre los profesionales ni, tampoco, "desde la inseguridad jurídica". Por ello, abogó por pensar qué necesitan los ciudadanos y, a partir de ahí, dar una respuesta que pase por la prescripción autónoma y la prescripción en colaboración con otros profesionales.

La Comunidad Valenciana también pidió su retirada hasta que no cuente con el apoyo de profesionales y comunidades, a quienes a su juicio les ha "trasladado el problema" creando "inseguridad jurídica y un conflicto entre profesionales", según Montón.

Asimismo, pidió que se derogue la reforma sanitaria y que se retire el recurso contencioso administrativo interpuesto a la "solución a los copagos" que han puesto en marcha esta comunidad. También consideró insuficiente la partida presupuestaria que repartirá Sanidad a las comunidades para atender a los refugiados, y avisa al Ejecutivo en funciones que "la solidaridad debe estar por encima del regateo".