Los alcaldes del Mar Menor reiteran su oposición a la moratoria urbanística

Rechazo a la moratoria urbanística en el Mar Menor que plantea el PSOE en la Asamblea Regional. Esa es la posición coincidente de los alcaldes de los cuatro municipios ribereños, reunidos esta mañana en Cartagena a instancias del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara, Víctor Manuel Martínez.

Visitación Martínez, alcaldesa de San Pedro del Pinatar; José Miguel Luengo, de San Javier; Anastasio Bastida, de Los Alcázares (los tres del PP) y el alcalde de Cartagena, José López, (de Movimiento Ciudadano) han coincidido durante una reunión de trabajo de una hora de duración en que "son necesarias medidas concretas que favorezcan al Mar Menor, huyendo de un crecimiento urbanístico desmesurado y de la agricultura intensiva". Sin embargo, ven en la medida propuesta por el PSOE una propuesta inconcreta, sin avales técnicos ni científicos. Ni siquiera establece el plazo de esa moratoria, recordaron.

La alcaldesa de San Pedro advirtió de que, además, generaría unos derechos indemnizatorios a los propietarios de suelo urbanizable, "cuyos fondos no sabemos de dónde vamos a sacar". Y también afectaría a las pequeñas promociones de viviendas que están en marcha en núcleos consolidados y con todos los permisos administrativos en regla, añadió José Miguel Luengo.

La propuesta socialista tiene en el punto de mira la urbanización Novo Carthago, junto a San Ginés de la Jara, y los desarrollos de Cala Reona y Huerta Calesa, en el término municipal de Cartagena. Pero López recordó que esos dos últimos, vigentes y pendientes de trámites ambientales autonómicos, como Novo Carthago, ni siquiera están en la zona del Mar Menor.

"A día de hoy, Novo Carthago está vigente, legal y judicialmente, y para este gobierno la prioridad en ese proyecto es la restauración del monasterio de San Ginés de la Jara y la descontaminación del humedal", dijo López.

Los cuatro alcaldes coincidieron en que antes de aprobar una medida de ese calado es necesario dejar trabajar a los técnicos y expertos reunidos en los distintos grupos de trabajo relacionados con el Mar Menor, como los de la iniciativa territorial integrada (ITI) o la comisión constituida en la Asamblea Regional para analizar su estado de conservación y decidir medidas de mejora.