Imagen del vídeo con una presunta mordida.

Una sentencia del TSJ prueba el pago de mordidas en la desaladora de Escombreras

Avala el despido del jefe de planta por Tedagua debido al cobro de comisiones, que salían de rebajar la calidad de las tareas de conservación

JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ

Domingo, 10 de abril 2016, 08:10

A raíz de una investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción de Murcia tras la denuncia de un empresario, que se grabó a sí mismo entregando 4.500 euros en billetes al jefe de Administración, hasta ahora solo había sospechas de que, entre 2009 y 2013, proveedores pagaron mordidas a empleados de la desaladora de Escombreras para desbloquear el pago de facturas. Sin embargo, ya existe la evidencia del abono de comisiones irregulares, por el método de inflar las facturas para generar un ahorro que acababa en manos de un jefe de la factoría mantenida por Tedagua, del grupo ACS.

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Una sentencia firme dictada el pasado 9 de octubre por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a la que ha accedido 'La Verdad', avala el despido de un trabajador de la desaladora por el cobro de cantidades indebidas por parte de cuatro compañías de servicios cuya contratación imponía a sus subordinados.

El fallo ratifica la resolución dictada un año antes por un juzgado de Lo Social de Cartagena. Éste rechazó la demanda interpuesta contra Tedagua por el empleado y consideró acreditado que éste -jefe de planta desde 2007-, originó pérdidas por casi 20.000 euros a su empresa entre abril y diciembre de 2013.

Según el relato de hechos incluido en la resolución del TSJ, en febrero de 2014 se levantaron las primeras sospechas entre responsables de Tedagua en Madrid. Para entonces, esta firma del grupo ACS [que lidera el también presidente del Real Madrid Florentino Pérez] tenía ya un contrato de mantenimiento con la Comunidad Autónoma, por 7 millones de euros al año.

El detonante de la actuación de Tedagua fue, según recoge el fallo judicial, que el empleado «había requerido, por el mecanismo oportuno, el pago urgente de una factura» a un proveedor. Esto «llamó la atención del responsable de Administración de la empresa en Madrid», quien transmitió al responsable de la desaladora «su extrañeza por la celeridad en que se presenta la factura».

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Amaño del control de acceso

El responsable de Madrid pidió a su subordinado de Cartagena que le confirmara si los trabajos estaban hechos. El jefe de la desaladora dio una respuesta negativa, y detalló que la contratista pretendía cobrar por el cambio de unas tapas, a pesar de que seguían estando «las antiguas y sucias». El director de la empresa encargó entonces un auditoría. A través de ésta, Tedagua revisó las facturas del proveedor y los trabajos realizados, y comprobó que esta misma mercantil tenía sin realizar unos trabajos comprometidos para unos meses antes. La limpieza de unos armarios eléctricos debían haberse hecho en octubre, «pero por la suciedad que presentaban no se habían limpiado al menos en un año».

La resolución recoge otras irregularidades achacadas al trabajador despedido, como que las facturas de esos trabajos reflejaban la entrada a la planta de la subcontrata en días en que no estuvo allí. Por esta conducta, a la que se sumaron otras como modificar los controles de acceso (probada mediante documentos y testigos), Tedagua perdió 2.500 euros.

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La auditoría desveló también cómo el responsable eléctrico admitió que «firmaba todo lo que el jefe de planta le decía», y que éste «le obligaba a contratar a proveedores sin el comparativo de ofertas exigido en la normativa interna de la empresa (denominada IRI), y que también le obligaba a amañar comparativos para adjudicar pedidos y contratos a las empresas que le indicaba». Todo ello, según el jefe de electricidad, incrementaba costes como el de transporte y creaba la «apariencia de que se respetaba el procedimiento establecido en la empresa». En una ocasión, según declaró el auditor, se incluyó una empresa «con cif inexistente en el Registro Mercantil».

La sentencia detalla la cifra desembolsada por uno de los cuatro «proveedores y subcontratas incursos en estas conductas», el mismo que ha denunciado ahora en la Fiscalía el pago de mordidas al jefe de Administración: 12.000 euros al año. La evaluación interna aportada por Tedagua describe cómo el responsable de una empresa de pinturas confesó que él daba el dinero al responsable de electricidad, para que éste se lo entregara a su vez al jefe de planta.

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Según el documento del TSJ, el pintor, «que sabe de antemano el objeto de la reunión» al ser advertido por el jefe eléctrico, indicó «que entregaba sobres con dinero» a este último «para que se los entregara» al jefe de planta; y que realizaba trabajos de «escasa calidad, para poder ahorrar costes y así poder entregar dinero» al mismo destinatario final.

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