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Martes, 5 de abril 2016, 16:53
La diputada regional de Podemos, María Giménez, afirmó que "aunque el Partido Popular ha intentado poner todas las trabas habidas y por haber a esta ley, ya se les están acabando las excusas para evitar que las ayudas para la dependencia, becas o la renta básica se paguen antes que cualquier dieta o gasto de protocolo de un alto cargo".
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Este jueves, previsiblemente, el debate de la Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana llegará al Pleno de la Asamblea Regional.
Si finalmente es aprobada, según María Giménez, esta ley se convertirá en "una de las más importantes para la Región" puesto que se reducirán "a la mitad" el tiempo en el que los murcianos recibirán las ayudas económicas de las becas comedor, el transporte escolar, la Renta Básica de Inserción, la dependencia, las pensiones no contributivas o las plazas de residencias para mayores".
Por ello, la parlamentaria de Podemos calificó de "muy perjudiciales" las enmiendas que sacó adelante el Partido Popular, ya que "no mejoran el texto y se oponen a que se agilicen estos procedimientos y se prioricen los pagos".
Para Giménez, el hecho de que el PP, con apoyo del PSOE haya sacado adelante una enmienda en la que eliminan la dotación específica de recursos humanos suficientes de las unidades destinadas a agilizar los trámites "demuestra que tienen un problema con los trabajadores públicos, les encanta externalizar para hacer un trabajo que no son capaces de realizar. Cuando lo que deberían hacer es crear empleo público y de calidad".
Esto es un ejemplo más, incidió la diputada de Podemos, "de cómo el PP gestiona los servicios sociales y la pobreza, que es a través de externalizaciones con empresas privadas, que la mayoría de veces no tienen personal adecuado, ni contratos de trabajo digno, ni la cualificación que necesitan. Es un auténtico despropósito, debido a que anteponen los intereses privados a la defensa de lo público".
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Por último, la diputada de Podemos, María Giménez, quiso resaltar que la Administración pública encargada de agilizar los expedientes de la dependencia, la Renta Básica de Inserción, el grado de discapacidad, las pensiones o las becas, "tienen que contar con una inversión suficiente en personal laboral, puesto que serán trabajadores públicos que se dedicarán a paliar la pobreza y la vulnerabilidad social. Aquí el gobierno no se puede andar con miserias y recortes".
PP: «Esta Ley pone trabas al trámite de ayudas de Emergencia»
Por su parte, la diputada del PP en la Asamblea Regional, Inmaculada González, consideró que la Ley de Emergencia Ciudadana propuesta por Podemos encorseta, "pone trabas y limita los procedimientos para dar ayudas a los más vulnerables, es una ley que vende humo, de corta y pega y no aporta nada nuevo", sentenció.
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Para Inmaculada González, tanto el Gobierno de la Región de Murcia como el resto de Comunidades Autónomas tienen ya establecidos los mecanismos necesarios para actuar en casos de emergencia, "y con esta propuesta se entorpecen y limitan los procedimientos administrativos de concesión de ayudas al darles rango de ley, deja al Gobierno maniatado para solucionar ciertos aspectos y ayudas para los más vulnerables porque todo lo que regula ya se está haciendo".
"Los servicios sociales y el apoyo a los más necesitados ya estaban en marcha antes de que llegara Podemos", explicó la diputada popular quien defendió las enmiendas presentadas por el PP a la norma para intentar arreglar la ley.
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La comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea de la Asamblea Regional debatió las enmiendas al texto normativo de las que se aprobaron seis presentadas por el Partido Popular.
En este sentido, Inmaculada González afirmó que en el debate se puso de manifiesto que es falso, como dice Podemos, que la ley no vaya a costar más dinero cuando proponen que no entre en vigor hasta noviembre de 2016, cuando esté ya redactado el nuevo presupuesto.
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Asimismo, recordó que el grupo Podemos presentó enmiendas al presupuesto actual para darle cobertura económica a la norma, enmiendas que fueron rechazadas en el debate presupuestario, "no será una ley tan urgente cuando el partido que la propone quiere que no se aplique hasta dentro de siete meses", concluyó la diputada del Partido Popular.
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