El pacto PSOE-Ciudadanos 'indultaría' a 11 cargos del PP investigados por corrupción

Tabla rasa para los políticos ya imputados por presunta corrupción. El pacto suscrito ayer en Madrid entre los líderes del PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, supondría en la práctica un indulto para los altos cargos socialistas de Andalucía y Galicia que están siendo investigados por la justicia, a quienes no se les pedirá su cese. Solo los nuevos investigados a partir de ahora tendrían que dimitir. El acuerdo supone bajar el listón que puso el partido naranja y que está condicionando la política regional desde el pasado verano. En teoría, afectaría también a los once alcaldes y concejales populares en ejercicio de Los Alcázares, Molina de Segura, Torre Pacheco y Puerto Lumbreras que fueron denunciados por la Fiscalía y que están siendo investigados por presunta corrupción.

El acuerdo de gobierno entre ambas formaciones -que no cuenta en estos momentos con respaldo suficiente en el Congreso- parece hecho a medida del PSOE. En principio, beneficiaría a los altos cargos imputados por los ERE de Andalucía, así como al alcalde de Vigo y presidente el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero; y de igual manera al secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro.

Rivera ha cedido para que el cese de los altos cargos imputados se aplique a partir de la firma del documento, por lo que los casos anteriores quedarían al margen. El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, admite que con este pacto no tendrá que dimitir ningún político investigado hasta ahora. No obstante, sostiene que la Región es un caso especial y no piensa aplicar aquí dicha medida con los imputados del PP, a los que exigirá su marcha. Los dirigentes de Ciudadanos en Murcia también se desmarcan y dicen que reclamarán la marcha de los populares ya investigados, con retroactividad.

Pedro A. Sánchez, expuesto

El pacto PSOE-Ciudadanos tiene vocación de continuidad con independencia de que Pedro Sánchez logre la investidura; y marca la nueva doctrina de ambos partidos para atajar la corrupción. En el caso de Murcia, la nueva línea roja dejaría expuesto al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, en función de cómo evolucione el 'caso Auditorio' de Puerto Lumbreras. A tenor del texto del pacto, bastaría con que el Ministerio Fiscal, y no el juez, determine la condición de investigado de un político para que tenga que dimitir.

Los populares ven contradicciones en el documento y sostienen que está hecho para favorecer al PSOE. Señalan que en uno de los puntos del acuerdo se dice que el cese se producirá cuando se abra juicio oral, mientras que en un añadido final al documento se deja el punto crítico en la actuación del fiscal.

En la lucha contra la corrupción, ambos partidos indican que los altos cargos deben cesar cuando se les abra juicio oral por algún delito doloso (aquel que se comete a conciencia). Asimismo, proponen suspender a los concejales y parlamentarios por el mismo motivo.

La última página del documento incluye lo que se llama un pacto complementario en materia de compromiso contra la corrupción, en el que ambos partidos se comprometen a no incorporar a las listas electorales ni proceder al nombramiento de altos cargos, a partir de la fecha, de personas con la condición de investigadas a iniciativa de la Fiscalía por delitos relacionados con la corrupción que impliquen enriquecimiento para el afectado. No especifica, aunque el PP entiende que con esta cláusula solo se verían afectados los delitos de cohecho. El pacto de Sánchez y Rivera añade que «se comprometen a cesar a los altos cargos y pedir el acta a los electos que, a partir de la fecha de este acuerdo, pasen a situación de investigados mantenida por el Ministerio Fiscal por delitos relacionados con la corrupción».

Murcia es diferente

El énfasis en trazar una línea temporal, a partir de la fecha de la firma, lleva al PP a recalcar que el acuerdo está hecho a medida de los imputados del PSOE, aunque también beneficiaría a los populares. En la Región de Murcia, los jueces investigan por presunta corrupción a los alcaldes de Molina de Segura y Los Alcázares, Eduardo Contreras y Anastasio Bastida; así como a cinco concejales de este último: Cristina Ascensión Sánchez González, Nicolás Ruiz Gómez, Francisco Méndez Heredia, Francisco Montesinos Navarro e Isabel María Sarmiento Gómez. La exalcaldesa de Torre Pacheco, Fina Marín, que fue desalojada del cargo por la oposición, sigue como portavoz municipal del PP. En Puerto Lumbreras, la juez del 'caso Auditorio' investiga a los ediles José María Parra Pérez, Dolores Arenas Cantón y Eliseo Sánchez Plazas.

Los dirigentes de Ciudadanos en la Región indicaron que no piensan revisar el pacto firmado con el PP el 22 de junio, que facilitó la investidura de Pedro Antonio Sánchez, para eliminar la retroactividad. Entonces acordaron «separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial».