El fiscal pide 20 años de cárcel para cada uno de los policías de Cala Cortina

Cien años de prisión. A veinte años por cabeza. Esa es la pena que el Ministerio Fiscal ha solicitado para los cinco policías nacionales de Cartagena que están encartados por el crimen de Cala Cortina. En su escrito de calificación, que ayer fue notificado a las distintas partes del proceso y al que La Verdad ha tenido acceso, el acusador público atribuye a cada uno de los policías un delito de detención ilegal y otro de homicidio, ante el convencimiento de que se llevaron en contra de su voluntad, hasta una playa alejada del caso urbano, a un vecino del barrio cartagenero de Las 600, Diego Pérez, y le causaron la muerte a golpes, al fracturarle las vértebras del cuello.

El relato de hechos que el fiscal tratará de probar en el juicio arranca a las 4.35 horas de la madrugada del 11 de marzo de 2014, cuando Diego Pérez, de 43 años, vecino de la calle Estanislao Rolandi de Cartagena, telefoneó al 091 para solicitar auxilio policial, ya que estaba asustado por las supuestas amenazas de unos individuos. Este hombre, que vivía solo, estaba afectado por una esquizofrenia paranoide y un trastorno de afectividad, por lo que se hace difícil establecer si las amenazas eran reales o imaginadas.

A las 4.39 horas -siempre según el relato del fiscal-, la Sala del 091 envió a los agentes José Carlos Mateos Luján y Gregorio Javier García Miras (fallecido meses después en prisión), a bordo del vehículo policial Z-54, así como a sus compañeros José Antonio Costas Guerrero y José Luis Solano Albaladejo, que patrullaban en el Z-57. Hasta el lugar se desplazaron también los policías Rubén Manuel Forné Navarro y Raúl Aguado Rodríguez, con el patrulla Z-56, pese a que en este caso «ni habían sido comisionados por la Sala ni había causa justificada para su presencia».

Cacheado y abofeteado

Relata el representante del Ministerio Público que cuando los agentes llegaron al lugar y se encontraron con Diego a las puertas de su domicilio, «comenzaron a cachearlo, llegando José Luis Solano a darle una bofetada». Seguidamente, «y con la voluntad de atentar contra la libertad de Diego, le indicaron de manera intimidatoria que subiera al vehículo policial Z-54 y, en lugar de trasladarse a dependencias policiales o a un centro sanitario, decidieron llevarlo a Cala Cortina, un lugar solitario y aislado, que dista más de dos kilómetros del domicilio de Diego y de las zonas de patrullaje de los agentes».

Iban de camino hacia la playa, sostiene el fiscal, cuando a las 4.55 horas se pusieron en contacto con la Sala y los agentes informaron de que la intervención se había resuelto sin mayores incidencias, con su mera presencia, «ocultando, a sabiendas de su ilicitud, que los tres vehículos policiales se estaban trasladando a la cala con la víctima a bordo».

Eran aproximadamente las 5.00 horas cuando llegaron a Cala Cortina. Los vehículos policiales llevaban apagadas, según el relato del fiscal, las luces del puente superior, «al objeto de pasar desapercibidos», pero se cruzaron con dos patrullas de la Policía Portuaria de Cartagena, «dando los agentes (de la Comisaría) respuestas evasivas» sobre el motivo de su presencia en ese lugar.

Finalmente, ya en la cala, «y con ánimo de atentar contra la vida de Diego o asumiendo esta posibilidad, y aprovechándose de su superioridad numérica y física y del aislamiento del lugar a esa hora, que disminuían las posibilidades de defensa o auxilio de Diego, procedieron a propinarle golpes, causándole la muerte por rotura de las vértebras del cuello. A continuación arrojaron el cadáver al mar desde algún punto de la bahía».

La desaparición de Diego fue denunciada a la mañana siguiente por parte de su hermano, Manuel, quien había contactado con la víctima por teléfono la noche de antes. Ello dio origen a un amplio dispositivo de búsqueda por parte de la Policía Nacional, que también alertó a la Policía Local y a la Guardia Civil, lo que no impidió que los agentes supuestamente implicados en la muerte y desaparición de Diego «continuaran ocultando su actuación».

El cuerpo de este vecino de Las 600 fue hallado dos semanas más tarde, en la mañana del 25 de marzo, en la playa de Cala Cortina. La autopsia determinó que el cadáver presentaba «lesiones traumáticas vitales en estructuras cefálicas, oftálmicas y faciales», y estableció como causa de la muerte «una acción violenta homicida, por destrucción de los centros neuronales superiores, debido a la fractura de la vértebra C-3 y fracturas trabeculares desde la C-2 a la C-7».

Los acusados fueron detenidos el 6 de octubre de 2014, después de una larga investigación de la Unidad de Asuntos Internos.

El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de sendos delitos de detención ilegal, por haberse llevado presuntamente por la fuerza a Diego hasta Cala Cortina, atentando contra su libertad, y de homicidio. Por el primer delito, el fiscal reclama una condena de seis años de prisión para cada uno de los cinco agentes acusados, mientras que por el homicidio pide catorce años también a cada uno.