La lucha contra el intrusismo en el sector turístico se refuerza con 900 inspecciones

Con el objetivo de combatir la economía sumergida en el sector turístico para evitar la competencia desleal a los empresarios que sí cumplen con sus obligaciones, la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo presentó ayer un plan de inspecciones en alojamientos, campings, casas rurales, agencias de viaje, hoteles y acampadas ilegales de autocaravanas.

La Administración regional duplicará el número de agentes destinado al control, lo que permitirá incrementar un 40% las visitas de los inspectores. De esta manera, se prevé pasar de los 638 registros que se realizaron en 2015, y los casi 2.000 alojamientos controlados, a más de 900 inspecciones este año y 2.700 establecimientos.

El consejero Juan Hernández indicó que «no existe ningún afán recaudatorio en esta iniciativa, sino que ha sido creada para proteger a aquellos que trabajan bajo un marco legal establecido y que todos jueguen con las mismas reglas». No obstante, indicó la dificultad de fiscalizar portales turísticos como Airbnb, «mal llamados de economía colaborativa, cuando en realidad son irregulares. Afecta a todo el país, por lo que hace falta una legislación nacional, porque incluso muchos de ellos tributan en países como Estados Unidos y Gran Bretaña». Los servicios turísticos que no están operando dentro de la legalidad tendrán un plazo de 15 días para solicitar su regularización. Y solo se abrirán expedientes sancionadores tras agotarse una primera fase de asesoramiento para que se pongan al día. Las multas irán desde el apercibimiento hasta 250.000 euros, en los casos más graves.

La Consejería modernizará los procedimientos y los programas informáticos de inspección, por el importante papel que hoy en día tiene la tecnología. Los agentes rastrearán la Red en busca de las ofertas no regladas o basadas en el modelo de intercambio P2P ('Peer to Peer'), que puedan suponer una competencia desleal para el tejido empresarial de la Región. «Para consolidar a la Comunidad como destino de calidad, sus alojamientos y sus empresarios también deben serlo», indicó Hernández. Por eso se incide en el rastreo por internet, además del análisis de campañas publicitarias. Más de la mitad de turistas que eligen este tipo de alojamiento afirman que la motivación principal que les hace disfrutar del servicio es su bajo precio, así que «se va a trabajar para poner en valor la calidad», resaltó el consejero del ramo.

La costa, zona preferente

Aunque los alojamientos y servicios turísticos ilegales afectan a toda la Comunidad, existen zonas que sufren de manera especial la falta de regulación, como es la costa. Así, dentro del plan se han establecido zonas de actuación preferentes como las proximidades de los campos de golf, el entorno del Mar Menor y La Manga y en las localidades de Mazarrón y Águilas. Ya se han programado reuniones con los ayuntamientos, con lo que se colaborará para que pongan en marcha acciones de lucha contra la clandestinidad en sus respectivos términos. Se intensificarán las labores de detección de acampadas ilegales de autocaravanas, a las que se impondrán sanciones de hasta 1.000 euros.

El año pasado, de los cerca de 2.000 controles realizados, se abrieron 132 expedientes, de los que 19 acabaron en sanción. Siete de ellos fueron hoteles, tres agencias de viaje, tres pensiones, cinco particulares de acampada ilegal y un camping.