Cañete presidió la reunión en la que Acuamed compensó a FCC con 40 millones de euros

Miguel Arias Cañete estuvo en la reunión clave de la que emanó la mayor irregularidad conocida de la trama corrupta de Acuamed: la «compensación indebida» de 40 millones de euros a FCC por la reparación de la planta desaladora de Bajo Almanzora en Almería tras una riada en septiembre de 2012. Un trabajo del que, por contrato, se tenía que ocupar la constructora y no el ente público.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente reconoció ayer en un comunicado de prensa que el entonces titular del área y ahora comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, acudió el 24 de febrero de 2014 al encuentro con FCC, en el que la constructora exigió que se le abonaran los 40 millones por la reconstrucción de la desaladora. El Gobierno admitió que Arias Cañete estuvo en ese encuentro después de que se conociera un correo electrónico, fechado el 18 de febrero de ese año e incorporado al sumario de la Audiencia Nacional, en el que el cerebro de la red corrupta y ya encarcelado, el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, y la todavía directora general del Agua, Liana Ardiles, preparaban la reunión que el entonces ministro iba a mantener con FCC.

El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy insiste, sin embargo, en que Arias Cañete no dio luz verde en ese encuentro a desembolsar esa compensación que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco considera que no tiene ningún tipo de justificación y que, siempre según el magistrado, fue pactada «desde muy alto nivel del Ministerio». El Ejecutivo asegura que el entonces ministro se limitó a escuchar la «reclamación» de la constructora y «trasladó a los representantes de FCC la necesidad de que la Abogacía del Estado analizara, con carácter previo a cualquier actuación por parte de la sociedad Acuamed, dicha situación, con el fin de valorar jurídicamente las responsabilidades de cada parte en cuanto a los daños ocasionados en la planta del Bajo Almanzora; siendo ésta la única conclusión de la reunión».

Sea como fuera, tras aquel encuentro, como ha constatado la investigación, Acuamed, a pesar de los informes de los técnicos contrarios a dar cualquier dinero extra a FCC, el Gobierno aceptó entregar, vía Presupuestos Generales de 2015 y 2016, la «compensación indebida» y manipular otra adjudicación, la descontaminación del pantano de Flix, en Tarragona, para hacer llegar esa millonaria cantidad a la constructora.

«Órdenes directas»

Francisco Manuel Valiente González, el exdirector de Ingeniería y Construcción del ente público que destapó el escándalo con su denuncia ante Anticorrupción, aseguró ante el juez que Arcadio Mateo intentó vencer sus reticencias en 2013 para que diera su visto bueno a un contrato hinchado a FCC asegurando que el amaño respondía a «órdenes directas» de Arias Cañete.

La Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF) está al tanto de las informaciones sobre el presunto fraude en la adjudicación de contratos por la empresa pública española Acuamed y examina si hay base para que sus servicios abran una investigación.

«La OLAF está analizando las informaciones que afectan al caso de Acuamed y será después de este análisis preliminar cuando decida si se debe abrir una investigación o no», explicaron ayer a Europa Press fuentes de la oficina europea, que no aclararon, sin embargo, si hay un plazo determinado para tomar la decisión pertinente.

Fondos congelados

Asimismo, la Comisión Europea reveló la semana pasada que había remitido a OLAF la información relacionada con Acuamed, una empresa que ha recibido fondos europeos para cofinanciar los proyectos por valor de 660 millones de euros en el periodo 2007-2014, de acuerdo a fuentes comunitarias. Bruselas, además, informó ayer de que mantiene contactos con las autoridades españolas para conocer el desarrollo de los hechos y que éstas le confirmaron que los fondos a Acuamed han sido congelados con carácter «inmediato».

Antes de decidir si hay base para iniciar una investigación, los expertos antifraude de la Unión Europea deben determinar si es competente, es decir, si el presunto fraude afecta al uso de fondos comunitarios y si hay «sospechas suficientes de fraude, corrupción u otra actividad delictiva con el uso del dinero de la UE». Desde los servicios de la OLAF recalcan que el hecho de que se esté reuniendo información y analizándola «no significa» que personas o empresas objeto del examen preliminar sean culpables de cometer alguna falta.