La juez excarcela, en contra del criterio del fiscal, a los 5 policías de 'Cala Cortina'

Un año, dos meses y nueve días han tenido que transcurrir para que cinco agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la plantilla de la Comisaría de Cartagena, hayan abandonado los centros penitenciarios en los que fueron internados bajo la imputación de un presunto delito de asesinato y otro de detención ilegal. Los cinco funcionarios deberán entregar sus pasaportes, tendrán prohibido salir de España y deberán comparecer cada quince días en el juzgado, con el fin de garantizar que no van a intentar sustraerse a la acción de la Justicia, ya que su puesta en libertad provisional no supone que se hayan disipado los cargos que pesan contra todos ellos y todo indica que acabarán teniendo que responder ante un jurado popular.

Fuentes del caso informaron ayer a 'La Verdad' de que los cinco policías abandonaron ayer por la tarde las prisiones de Estremera (Madrid), en la que estaba encarcelado José Carlos M.L., y de Castellón, en la que se encontraban Raúl A.R., Rubén Manuel F.S., José Antonio C.G. y José Luis S.A., sus compañeros. El auto de libertad, por el que desde hace meses luchaban los letrados defensores -Raúl Pardo-Geijo Ruiz, José María Caballero Salinas, Mariano Bó, Carlos Barbas y José Antonio Prieto-, ha llegado demasiado tarde para el sexto agente que se vio implicado en el 'caso Cala Cortina', Gregorio Javier G.M., quien falleció el 13 de octubre mientras se encontraba en prisión.

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena, María Antonia Martínez Noguera, aceptó ayer los argumentos de los abogados defensores y, pese a la oposición del fiscal y de la acusación particular, consideró que no tenía sentido prolongar por más tiempo la situación de prisión preventiva en la que los funcionarios se encontraban desde el 8 de octubre de 2014.

En concreto, argumentó en su auto que la orden de prisión dictada en esa fecha «ha cumplido los fines para los que fue acordada», por lo que «atendiendo al transcurso del tiempo desde su adopción, así como principalmente al estado de tramitación de la causa, en la que ha finalizado la fase de instrucción y se ha dado traslado para calificar al Ministerio Público», por lo que «el riesgo de destrucción de pruebas es mucho menor».

Para evitar además cualquier posibilidad de que traten de fugarse, la instructora les obliga a entregar sus pasaportes y les prohíbe la salida del país, a lo que se suma la obligación de comparecer en el juzgado los días 15 de cada mes y cuantas veces sean llamados.

Estas medidas, expone la magistrada, «garantizan de forma suficiente el sometimiento de los imputados al procedimiento que se sigue contra ellos, ya que la totalidad de los mismos tiene acreditado arraigo personal y familiar en esta localidad (Cartagena)».

Un cadáver en la playa

Los cinco policías ayer excarcelados fueron detenidos en octubre de 2014 por sus compañeros de la Unidad de Asuntos Internos, después de una investigación que se prolongó por espacio de siete meses.

Las gestiones se iniciaron a finales de marzo de ese año, cuando apareció flotando en Cala Cortina, a pocos kilómetros del casco urbano de Cartagena, el cadáver de un vecino de Las Seiscientas, Diego Pérez, que había desaparecido quince días antes. Este hombre, que padecía esquizofrenia y tenía problemas de drogodependencia, había alertado a la Policía, en la madrugada del 11 de marzo, de que estaba siendo amenazado y de que unos desconocidos trataban de acabar con su vida.

En esa línea se orientó la investigación hasta que la aparición de un testigo protegido, que dijo haber visto cómo los integrantes de tres coches patrulla se llevaban a Diego Pérez esa madrugada, cambió el curso de las gestiones.

En los primeros días de octubre del año pasado, los seis funcionarios del turno de noche de la Comisaría de Cartagena fueron detenidos como sospechosos de la muerte y desaparición de ese vecino y, seguidamente, ingresaron en prisión preventiva por presuntos delitos de asesinato y detención ilegal.

Después de un año largo en esa situación, internados en las cárceles de Estremera y Castellón, los agentes y sus familiares acogieron ayer la noticia de su excarcelación con la natural alegría, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía de las fiestas navideñas, pues temían que nuevamente se vieran obligados a seguir separados en estas fechas.