Denuncian engaño para ceder unas acciones por 4,5 millones

Fueron uña y carne hasta que las acciones del Grupo ITETE (Instalaciones de Tendidos Telefónicos) enfrentaron a dos familias, que ahora parecen los Capuleto y los Montesco pero con una disputa mucho menos romántica y con apellidos mucho más de la tierra: los Zambudio y los Alburquerque. El Juzgado de Primera Instancia número 11 de Murcia acogió ayer la vista oral por la querella presentada por María Bernal, la exmujer de un antiguo socio de la compañía, Marcelino Alburquerque, por considerar que este fue engañado para ceder todas sus acciones a otros de los socios, el ahora ya fallecido José Ángel Zambudio. Por aquella operación, Marcelino Alburquerque no recibió compensación económica alguna, a pesar de que ese paquete accionarial fue valorado unos meses después en 4,5 millones de euros, a razón de 135.000 euros por cada una de las 33 acciones que entregó.

Antes de este litigio ya hubo otro, pero en sentido inverso: el emprendido por los Zambudio contra Marcelino por apropiación indebida y administración desleal de un millón de dólares de la compañía en América del Sur. Este proceso se saldó con una condena de la Audiencia Nacional de dos años y tres meses de cárcel, así como el pago de una responsabilidad civil de 2.255.600 euros, aunque la pena fue luego rebajada por el Tribunal Supremo y ahora se encuentra recurrida en el Constitucional.

Este exsocio reside en Brasil y no se personó a declarar, a pesar de que es uno de los también denunciados por su exmujer, junto con Esperanza Zambudio, hermana del fallecido.

El letrado de la acusación, José Luis García, expuso ayer que para conseguir que Marcelino firmara la cesión de su parte de la empresa existió «una maquinación insidiosa». El trámite se llevó a cabo el 24 de abril de 2008, cuando el empresario José Ángel Zambudio estaba ya diagnosticado de una grave enfermedad. Ese día fueron citados en su casa los hermanos Marcelino y Tomás Alburquerque, acompañados de sus respectivas esposas.

Los dos matrimonios habrían sido convencidos para que firmaran unos papeles «ante el inminente fallecimiento de José Ángel», sin saber supuestamente que con ello regalaban sus 66 acciones del Grupo ITETE. «Éramos socios y amigos, como hermanos. No leí la documentación porque había una confianza muy grande. José Luis estaba terminal. Esa es la verdad, si lo hubiese leído no lo habría firmado», aseguró ayer Tomás. «En una palabra, fue un engaño. Lo planificaron para despojarnos de nuestras acciones».

Socios desde 1984

La relación profesional y de amistad entre las familias Zambudio y Alburquerque se remonta a 1978, cuando montaron una empresa dedicada a los tendidos telefónicos. Ahí empezaron a hacer fortuna.

Después llegó una segunda sociedad con la que se hicieron con una subcontrata de Telefónica, pero querían trabajar directamente con el gigante de la telefonía y en 1984 constituyeron ITETE. La firma tenía tres socios: los hermanos Tomás y Marcelino, cada uno con 33 acciones, y Esperanza, la hermana de José Ángel, con 34. El empresario no figuraba formalmente para evitar hacerse la competencia a sí mismo.

La acusación particular expuso ayer que «utilizando el argumento de la confianza y de la enfermedad de José Ángel», los Zambudio se hicieron con la compañía. «Tomás y Marcelino renunciaron a recibir 4,5 millones cada uno a cambio de nada». Por ello, reclamó «la nulidad» del documento y que se les restituya el accionariado del grupo, con presencia en España y América Latina.

Esgrime fraude procesal

José Ramón Sáez, letrado de Marcelino Alburquerque, también pidió la «nulidad» del documento «por simulación absoluta».

Durante la vista, Esperanza Zambudio, quien controla ahora el grupo empresarial, sostuvo que «no hubo reparto de dividendos porque las acciones no estaban a nombre de quienes tenían que estar». En todo momento reiteró que su hermano fue «el dueño» de la compañía y que Marcelino y Tomás solo eran empleados. «Las acciones no eran suyas». De hecho, su letrado, Jorge Hernández, argumentó que tenían ese rol y que no pidieron contraprestación económica «para evitar cargas fiscales».

Además, aseguró que todos los firmantes «conocían el contenido» porque incluso les dieron borradores y pidió la desestimación de la demanda. Por último aseguró que Marcelino Alburquerque y su exmujer, María, «se han repartido los papeles -querellante y querellado- y entendemos que se trata de un fraude procesal».