El portal de la transparencia no publicará el sueldo real de los cargos de libre designación

El portal de la transparencia no ofrecerá finalmente ni un solo dato sobre los salarios de los 50.000 empleados de la Comunidad Autónoma que no se conozca ya a través del Boletín Oficial de la Región (BORM). Los ciudadanos seguirán como hasta ahora: sin saber cuál es la retribución real de los médicos -no aparecerán las nóminas con peonadas y guardias-, ni qué cobran al año los cargos de libre designación, más allá del sueldo estipulado para el puesto (no se tendrán en cuenta los complementos variables). Es la decisión que ayer trasladó la consejera de Presidencia, María Dolores Pagán, a los sindicatos.

De esta forma, se quiere poner fin al incendio provocado tras la publicación de los nombres de casi 8.700 empleados de la Administración general de la Comunidad, con sus retribuciones brutas anuales. La información se eliminó de la web en octubre, y desde entonces la Consejería ha estado valorando qué opción tomar. La consejera de Presidencia, María Dolores Pagán, confirmó ayer a 'La Verdad' que se ha tomado la decisión más drástica: renunciar a publicar los nombres de los empleados salvo los cargos de confianza (eventuales de gabinete) y los de libre designación (jefes de servicio y de sección). Pero incluso en estos casos la información será limitada: se podrá conocer la retribución propia del puesto, pero no la masa salarial real, porque no aparecerán los complementos variables. Además, el nombre y el sueldo de esos cargos de libre designación ni siquiera aparecerá en el mismo documento, sino en dos tablas distintas.

En definitiva, el portal de la transparencia incluirá únicamente datos que hoy ya son públicos a través del BORM. «Es cierto, pero los ciudadanos lo tendrán en la web y lo podrán consultar, no como hasta ahora», explica la consejera de Presidencia. Pero para que eso sea así primero habrá que habilita un acceso claro en internet, porque la relación de puestos de trabajo de los 8.700 empleados de la Administración general que se publicaron en junio -y que luego se retiraron- permanecieron cinco meses sin que nadie los descubriese, sepultados como estaban en un maremágnum de estadísticas.

La consejera confirmó también que el Gobierno regional y el PP se están planteando presentar una enmienda en la Asamblea Regional para modificar la Ley de Transparencia, adaptándola a la decisión final de eliminar los nombres de los empleados públicos. Pero, al mismo tiempo, María Dolores Pagán defiende que esto no sería necesario, porque en su opinión la opción tomada no vulnera la norma. «Hasta ahora nos hemos fijado en el artículo 13, que establece la publicación de los ocupantes de los puestos de trabajo, pero nos hemos olvidado del artículo 25, que recuerda que hay que cumplir con las leyes de protección de datos», explica la consejera. Así que, según este argumento, la Ley de Transparencia se contradice en su articulado.

Pero no es ésta la visión del Consejo de la Transparencia de la Región, que ha instado en un informe a modificar la ley «para suprimir la mención a los ocupantes de los puestos de trabajo», dado que, de lo contrario, no publicar esa información supondría vulnerar la legislación en vigor.

Además, el Consejo de la Transparencia advierte de que el cumplimiento de la ley pasa por la publicación de las retribuciones reales de los empleados públicos, y no solo el salario base correspondiente al puesto de trabajo. «Cuando la Ley 12/2014 se refiere a retribuciones anuales, debemos entender que está refiriéndose a las cantidades efectivamente devengadas», lo que incluye los servicios extraordinarios, la productividad y otros complementos. Comisiones Obreras sostuvo ayer esta misma opinión. «No publicar esta información, como pretende Presidencia, es contrario a la ley», denunció José Luis Sánchez, representante de este sindicato.

La consejera hace sin embargo una interpretación distinta, y considera que la información debe atenerse al sueldo correspondiente a puesto y categoría. La Agencia de Protección de Datos también puso objeciones en un informe a la publicación de los complementos variables. El Sindicato Médico (CESM) respalda la decisión de la Consejería.