Piden apartar a Manuel Campos por «parcialidad» en un juicio

El juicio iniciado este lunes en la Audiencia Provincial de Murcia contra seis policías locales de esa ciudad acusados de volcar en varias ocasiones la taquilla de un cabo y de apoderarse de 90 euros hace 9 años registró un duro enfrentamiento entre el fiscal y los letrados del Ayuntamiento y del denunciante.

El rifirrafe se originó cuando las acusaciones particulares propusieron la recusación del fiscal, Manuel Campos, al considerar que había perdido su imparcialidad porque momentos antes de iniciarse el juicio había exhortado a las partes por si podía alcanzarse un acuerdo de conformidad si se entendía que los hechos constituían una falta y no un delito.

El representante del Ministerio Público se opuso de forma enérgica y afirmó que los fiscales no pueden ser recusados, además de añadir que el proceso estaba plagado de "irregularidades y que era un despropósito jurídico y fáctico".

Tras un receso para que las acusaciones particulares pudieran articular su recusación, aquellas aludieron entonces a que esa pérdida de imparcialidad se había producido porque Campos tuvo a su mando a todos los policías locales de la Región de Murcia cuando fue consejero de Presidencia del Gobierno autonómico.

Además, reiteraron su solicitud de suspensión del juicio oral porque tenían previsto dirigir un escrito al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Región trasladándole la cuestión que se había planteado.

Las defensas se opusieron a la suspensión y la sala decidió continuar con la vista oral al calificar de "infundada" la petición.

Dentro de las cuestiones previas, los abogados defensores de los agentes señalaron que la causa está viciada de nulidad, ya que la cámara instalada en el cuartel de la policía local donde estaban destinados los agentes y el cabo denunciante, en la pedanía murciana de Beniaján, y que fue utilizada como prueba de las coacciones era ilegal.

Así, añadieron, fue colocada sin contar con la preceptiva autorización judicial, lo que constituye una violación del derecho a la intimidad. Además, del control de la cámara y de las grabaciones se ocuparon el denunciante y una sargento.

El fiscal manifestó que su instalación fue un despropósito, "porque si se investigaban unas faltas de hurto y de daños, la medida era desproporcionada, y si se investigaba un delito, era necesario contar con una autorización judicial para colocarla".

"Todo esto es un puro despropósito, porque se ha producido la violación de derechos fundamentales", concluyó

Tras estas incidencias comenzó el interrogatorio de los acusados, que se acogieron a su derecho a no declarar, mientras que el cabo denunciante mantuvo que sufrió un ambiente hostil por los hechos que se juzgan.

La vista oral continuará este viernes.