La Asamblea exige los censos de trabajadores expuestos al amianto

Las empresas murcianas que han tenido trabajadores expuestos al amianto deberán entregar los censos completos para garantizar la detección temprana de posibles enfermedades. Así lo decidió ayer por unanimidad el Pleno de la Asamblea Regional, que también pedirá al Gobierno murciano que vele por la eliminación de ese material de todos los edificios públicos, sobre todo de los colegios e institutos.

La propuesta fue defendida por Antonio Urbina, de Podemos, quien recordó que el amianto genera cánceres pulmonares por la inhalación de sus fibras, de tamaño microscópico. Estas enfermedades pueden tener un tratamiento quirúrgico si son detectadas a tiempo, por lo que los controles para la detección precoz son claves, aunque el periodo latente es muy amplio, con casos que se desarrollan 40 años después de la exposición.

Urbina recordó que por ese motivo es muy difícil en algunos casos probar que las muertes se deben a la exposición al amianto y avanzó que la mayor cifra de defunciones por esa causa se dará previsiblemente a partir de 2020.

A esas dificultades se suma el hecho de que los listados oficiales de personas expuestas no están completos, lo que impide diagnosticar y tratar las enfermedades a tiempo, y aunque existen leyes que obligan a las empresas a entregarlos para extremar los controles, muchas no lo hacen, o sus aportaciones son incompletas. En la Región, por ejemplo, Navantia facilitó una lista con unos 2.100 trabajadores, cuando se calcula que el astillero de Cartagena podría alcanzar los 5.000 empleados expuestos. Repsol tampoco ha entregado censos de los trabajadores que estuvieron en contacto con ese material en los últimos 50 años.

Aunque el uso del amianto está prohibido en España desde 2002, muchos edificios públicos y privados aún lo mantienen, como ocurre en colegios e institutos públicos con techos de fibrocemento (uralita). La Cámara pedirá también el desmantelamiento paulatino de esas instalaciones.

El consenso de todos los grupos también permitió sacar adelante en el pleno matinal una propuesta para pedir la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para el Submarino de Isaac Peral, de Cartagena, y una declaración institucional en defensa de los talleres de Renfe en Águilas.

Esperas «inaceptables»

Consejeros del Gobierno regional comparecieron en el Pleno de la tarde para responder a preguntas e interpelaciones de los cuatro grupos. En una de ellas, la titular de Sanidad, Encarna Guillén, volvió a recordar que la espera media para intervenciones quirúrgicas en la Región es de 122 días, frente a la media de 99 días a nivel nacional, una cifra que considera «inaceptable» y que confía en poder rebajar con un plan de choque en marcha.

A preguntas del socialista Emilio Ivars, la consejera de Cultura, Noelia Arroyo, defendió la capacidad profesional de todo su equipo, incluido su asesor y exalcalde de Blanca, Rafael Laorden, imputado por un presunto delito medioambiental.