Urralburu saluda a Isabel Casalduero y Alfonso Martínez, a otros diputados, antes de reunirse.

Los portavoces decidirán si hacen pública la comisión del Auditorio

El PP, que rechaza por ser «juez y parte» a Urralburu, choca con la oposición por el carácter secreto de las reuniones y el listado de comparecientes

G. MÁRMOL

Jueves, 5 de noviembre 2015, 01:09

El enrarecido ambiente que se respira últimamente en la Asamblea Regional se vuelve más denso conforme avanzan los trabajos de las comisiones de investigación que los partidos de la oposición han logrado poner en marcha en cuatro meses. La primera sesión de la que analizará el destino de los seis millones de euros en fondos regionales destinados al Auditorio de Puerto Lumbreras se convirtió ayer en un pulso del PP y el resto de formaciones: PSOE, Podemos y Ciudadanos. Estas tres últimas sacaron adelante la propuesta de ir a visitar las obras de ese edificio promovido por el actual presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, en su etapa de alcalde. Pero poco más. Quedó pospuesto para otra sesión cerrar el listado de comparecientes que cada partido desea llamar a declarar.

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Gran parte del debate giró en torno a la idoneidad de difundir el contenido de las próximas sesiones de esta comisión, que al ser de investigación debe ser secreto, según dicta el reglamento de la Cámara. Los participantes decidieron elevar a la Junta de Portavoces la solicitud para que ese órgano decida si las deliberaciones pueden ser públicas en caso de un acuerdo de la mayoría. En el PP mantienen que hay que cumplir a rajatabla la norma y, si quieren abrir las puertas de la sala de comisiones, habrá que cambiarla.

Aun así, el portavoz de Podemos y presidente de la comisión, Óscar Urralburu, destacó el buen clima de trabajo y la «sintonía en la mayor parte de las ideas, con diferencias a la idoneidad de algunas de las comparecencias propuestas».

El diputado popular Francisco Jódar salió de la sesión menos conciliador que Urralburu. De él dijo que está «incapacitado políticamente» para presidir la comisión, porque «es juez y parte, porque presentó un querella criminal contra los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Murcia cuando decidieron cómo se debía instruir el caso del Auditorio», recordó.

Jódar también aseguró que la comisión está «viciada» desde su inicio porque es «clarísima la intencionalidad» con la que surge, buscar culpables. «Y para buscar culpables ya están los jueces y los fiscales», añadió. El viceportavoz socialista, Joaquín López, insistió en la necesidad de que todos los murcianos conozcan el desarrollo del trabajo de este grupo. «Estamos ante un asunto de suficiente calado para que ningún aspecto quede oculto a la sociedad, porque se gastó mucho dinero público en un auditorio, que nos consta que a día de hoy no se ha construido», recordó.

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