Habrá una moción de censura en Torre Pacheco si antes no dimite la alcaldesa

Los cuatro grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Partido Independiente (PI), PSOE, IU y Ciudadanos, se han dado de plazo 15 días, para que la alcaldesa, Josefa Marín Otón, presente su dimisión. En caso contrario, anunciarán en la sesión ordinaria del pleno del 29 de octubre la presentación de una moción de censura. Aunque PI y PSOE, con sus siete y cinco concejales, respectivamente, son los que tienen la llave para que la iniciativa de destronar a la alcaldesa llegue a buen término, el edil de IU se sumará a la moción y el de Ciudadanos probablemente también.

Los partidos de la oposición aseguraron ayer, de forma unánime, que la «única salida digna» para la regidora, imputada por un supuesto delito de prevaricación administrativa, es que presente su dimisión «inmediata». El presidente del grupo municipal del PI, Antonio León, aseguró que si la alcaldesa fuese «consciente» de la repercusión de su imputación «fuera de los límites municipales, habría dimitido ya».

Para el PSOE, el que Marín esté imputada supone «un daño irreversible que el PP está causando al municipio», dijo su portavoz municipal Juan Salvador Sánchez, quien responsabilizó a los populares de «protagonizar las crónicas más oscuras y las páginas más negras de la prensa regional». Por ello, reclamó al PP de la Región que «tome medidas y le exija que entregue su acta de concejal y renuncie a ser alcaldesa imputada, para comenzar una nueva etapa en la que nuestro pueblo recupere la dignidad».

En términos parecidos se expresó el edil de Ganar Torre Pacheco/IU, Francisco Ramón Martínez, quien pidió la dimisión «para evitar a los vecinos la vergüenza de otro proceso judicial protagonizado por el máximo representante municipal». Este concejal recordó que lleva criticando el nombramiento «a dedo» de la interventora desde el principio, razón por la que la alcaldesa, en un pleno en febrero, le expulsó «de manera vergonzante». En el siguiente pleno, el 26 de marzo, Francisco Ramón Martínez volvió a preguntar sobre «las irregularidades ahora investigadas», a lo que Marín le contestó: «Mi dedo mágico ha elegido a la mejor».

El edil de Ciudadanos, Rubén Tardido, dijo que no hay otra salida para los imputados que la dimisión. Agregó que, pese a la gravedad del tema, no quieren «hacer sangre» y esperara acontecimientos, «entre otras cosas, porque todavía tendrá que declarar la secretaria municipal».

La secretaria, citada por el juez

Precisamente, en una providencia firmada por el juez del juzgado número 5 de San Javier, la secretaria municipal, M.D.B, tras las alusiones de Fina Marín a su papel desempeñado en el nombramiento de la interventora M.C.F., deberá comparecer ante él el 5 de febrero, a las 9.30 horas. Hasta la fecha, han declarado ante el juez el denunciante, D. J. O., y la alcaldesa.

El presidente regional y secretario general del PP, Pedro Antonio Sánchez, aludió a este caso anoche en Cartagena, donde asistió a una reunión de la junta directiva local del partido. «Esto no es corrupción política, es algo administrativo, porque no hay nada de dinero ni de tráfico de influencias, por eso creo plenamente en la inocencia y en la capacidad de la alcaldesa para internar solucionar los problemas del ayuntamiento». Precisó que el asunto «está en manos de la ejecutiva local del PP, que se reunirá la semana que viene», y pidió «a todos en mi partido y también fuera de él, también a Ciudadanos, altura de miras y responsabilidad». El próximo martes también tiene previsto reunirse en Murcia el Comité de Derechos y Garantías, que preside Alberto Garre, para analizar este caso.

Josefa Marín reclamó ayer del juzgado, a través de su letrado, José María Caballero Salinas, que proceda a archivar la causa de forma inmediata, aduciendo que los hechos no constituyen delito. Sostiene que prescindir del procedimiento para nombrar a un interventor no significa que se haya cometido un ilícito penal, sino solo una incidencia administrativa subsanable, y recuerda que «en multitud de ocasiones» antes de su mandato se hizo así, lo que demostraría que no existe «el elemento subjetivo» del delito.

Además, la alcaldesa denuncia que se estén utilizando los juzgados «con fines absolutamente espurios», con el aparente fin de colocarle a algunos cargos públicos «la etiqueta de 'imputado' y alcanzar de esa forma lo que no han conseguido a través de las urnas».