La alcaldesa de Torre Pacheco sigue y amenaza la estabilidad del Ejecutivo

La imputación de la alcaldesa de Torre Pacheco, Josefa Marín Otón, se ha convertido en un quebradero de cabeza para la dirección regional del PP. La resistencia de la regidora a dejar el cargo, tras conocerse que está siendo investigada por un presunto delito de prevaricación, tuvo ayer como principal consecuencia la negativa de Ciudadanos (C's) a apoyar cualquier iniciativa del Ejecutivo regional, empezando por la tramitación parlamentaria de los presupuestos de 2016. El portavoz del partido naranja, Miguel Sánchez, fue contundente: «Es una circunstancia triste, desagradable y casi vergonzosa», por lo que pidió su dimisión. Sánchez repudió esa actitud, porque, además de su presunta ilegalidad, «conculca el primer punto del acuerdo de investidura redactado por C's y asumido por el PP, por el que el presidente Pedro Antonio Sánchez se comprometió con los murcianos a regenerar la vida pública. Ha incumplido y roto ese acuerdo», añadió.

Marín no se dio por aludida ni con los mensajes del principal aliado de su partido ni con la preocupación que a lo largo del día le trasladaron dirigentes del PP. Uno de ellos fue el propio Pedro Antonio Sánchez, que en una conversación la invitó a reflexionar sobre su situación, aunque no le pidió expresamente que dimita.

Un día después de declarar como imputada por, presuntamente, nombrar sin el procedimiento legal establecido a la interventora provisional del Ayuntamiento, en febrero, la alcaldesa compareció ante los periodistas para decir que seguirá en el cargo. Antes de comenzar, avisó de que simplemente leería un comunicado y no aceptaría preguntas. Y así fue: tardó cuatro minutos y medio en leerlo. Después, salió de la sala entre aplausos de sus concejales. Afirmó que es «rotundamente falso» que el Consistorio hiciera una designación «a dedo» para cubrir el puesto de interventor accidental. Marín acusó a los medios de comunicación de ofrecer «información absolutamente sesgada y manipulada» sobre su caso y explicó que se tuvo que nombrar al sustituto del interventor, destituido, «para que no quedara vacante el puesto y se colapsara el Ayuntamiento hasta que se cubriera la plaza, en abril de este año». Y añadió haber dicho ante el juez que ella «no siguió ningún procedimiento porque no es la persona encargada de ese trámite, y que para eso está la Secretaría General, que es la que supervisa el ajuste a la legalidad de todos y cada uno de los procedimientos» municipales. También acusó de omitir «maliciosamente» el hecho de que el nombramiento se efectuara en esa ocasión de forma «idéntica a la multitud de ocasiones, unas veinte, en las que con anterioridad se había nombrado a esa misma persona y, lógicamente, se había comunicado».

Del funcionario denunciante dijo: «Ocupó la plaza de interventor accidental de enero a agosto de 2002 y en ese momento tampoco se hizo concurso público, sin que entonces a él le pareciera relevante». Y le atribuyó ser compañero de despacho de Diego Alfonso García Conesa, presidente del Partido Independiente y antiguo concejal de Personal del Ayuntamiento «por aquellos años».

Reunión con Garre

En una reunión convocada anoche por el presidente del PP de Torre Pacheco, Alberto Garre, para conocer de primera mano los hechos, Marín Otón se ratificó en sus declaraciones de la mañana. Dijo que no iba a dimitir y que tenía instrucciones en este sentido, aunque sin aclarar de quién las había recibido. Garre dijo que no llegó a pedirle que diera ese paso, pero le sugirió que se lo pensara y que actuara «con generosidad, porque podía pasarlo mal».