Piden más de cuatro años de prisión para el dueño de Hansa Urbana por fraude fiscal en Alicante

El juzgado de lo Penal 1 de Alicante ha fijado para los días 19, 20 y 21 del próximo enero el juicio contra Rafael Galea, dueño de la promotora Hansa Urbana; el constructor Enrique Ortiz y otros cuatro empresarios por un supuesto fraude fiscal superior a los 6 millones de euros con una operación inmobiliaria. El resto de imputados son Miguel Carratalá, cuñado y apoderado de Ortiz;, Miguel Ballester, Aurelio González Villarejo y Vicente Pérez Cañas.

Galea, que también está imputado por el 'caso Novo Carthago', se enfrenta a una posible pena de tres años de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública, así como de un año y medio por un delito de falsificación en documento mercantil, según el escrito del Ministerio Público.

Igualmente, el fiscal reclama tanto para Galea como para el resto de imputados multas de 10 millones de euros y la pérdida de la posibilidad de gozar de subvenciones, ayudas públicas, beneficios o incentivos tanto fiscales como de la Seguridad Social durante otros cinco años.

El fiscal especializado en delitos económicos y tributarios de la Audiencia Provincial de Alicante, Antonio López Nieto, sostiene que todos ellos se confabularon "con ánimo de obtener un beneficio económico derivado de causar un perjuicio a la Hacienda Pública", que ha sido tasado por ésta en 6.105.247 euros.

El presunto fraude fiscal se centró en nueve fincas rústicas ubicadas en el denominado Pau 4 de Alicante, en la Playa de San Juan, que Hansa Urbana SA tenía contabilizadas como "existencias o elementos del activo circulante" y, por tanto, como terrenos destinados a la venta y a la obtención de las consiguientes plusvalías.

Esas nueve parcelas se ubican en una de las zonas de expansión urbanística de Alicante más importante de la pasada década y la propia promotora, participada en su época por la extinta Caja Mediterráneo (CAM), solicitó su recalificación en su día, por lo que tenía la intención de destinarlas a edificación, según el fiscal.

Sin embargo, la propietaria simuló supuestamente, en colaboración con las mercantiles de Ortiz y Villarejo, dos contratos de alquiler de las fincas por un importe total cercano a los 3 millones de euros a fin de contabilizarlas ante Hacienda como "Inmovilizado", es decir, como activos de la empresa dedicados a servir de forma duradera a la obtención de beneficios mediante el alquiler.

Esa maniobra contable permitió a la inmobiliaria participada por la CAM beneficiarse de una deducción fiscal indebida por reinversión de beneficios extraordinarios en el impuesto de sociedades.