Un «error de forma» fuerza la absolución de Alvarado por el 'caso Puerto Mayor'

No es lo mismo que ser absuelto con una declaración expresa de que no se ha cometido delito alguno, pero es una absolución al fin y al cabo. Suficiente para quitarse un buen peso de encima. El exdirector general de Calidad Ambiental de la Comunidad de Murcia, Antonio Alvarado Pérez, fue exculpado ayer del delito de prevaricación del que estaba acusado por el 'caso Puerto Mayor', y lo fue en virtud de un «defecto de forma» que se habría cometido durante la instrucción de las diligencias judiciales.

Así lo hizo saber la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Murcia, María Ángeles Galmes Pascual, quien aceptó el argumento presentado como cuestión previa por la defensa de Alvarado, por lo que ni siquiera se inició el juicio.

Para comprender los motivos de esta decisión hay que retrotraerse al año 2009, cuando el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, que coordinaba la investigación sobre Puerto Mayor, dictó un auto de sobreseimiento por considerar que no existían indicios delictivos contra Alvarado y otros altos cargos de la Comunidad.

El archivo de las diligencias fue recurrido entonces por el dirigente socialista José Ramón Jara, que ejercía la acusación popular, pero el Ministerio Fiscal, en lugar de presentar otro recurso en los mismos términos, se limitó a adherirse al del PSOE.

La Audiencia Provincial acabó dando la razón al PSOE y ordenó a la juez de Instrucción, Isabel María Carrillo, que reabriera el asunto al apreciar «indicios de delito» y «sospechas racionales fundadas de infracción criminal» en la actuación de la Administración regional sobre Puerto Mayor.

En concreto, la Audiencia Provincial, en una resolución de la que era ponente el magistrado Juan del Olmo, recordaba que en 2003 la mercantil Puertomayor S.A. dirigió una solicitud a la Dirección General de Puertos para que desbloqueara las obras en La Manga. Pese a que esa petición iba dirigida a Puertos, pasó -sin razón aparente alguna- a ser incluida en el expediente que se tramitaba en Calidad Ambiental.

De esta forma, Alvarado habría decidido por su cuenta y riesgo levantar la suspensión que pesaba sobre las obras y ello, según señalaba la Audiencia, «sin dar explicación alguna sobre la forma en que una petición formulada frente a otra dirección general llegó a unirse al expediente (de Calidad Ambiental), y él mismo resolvió sobre una solicitud que encuadraba manifiestamente en otro expediente (el de Puertos)».

Este proceder fue el que llevó a juicio a Alvarado y a enfrentarse con una petición del fiscal de nueve años de inhabilitación para cargo o empleo público, como acusado de un presunto delito de prevaricación.

La vista oral debía de haberse iniciado ayer, pero no llegó siquiera a hacerlo. En el trámite de cuestiones previas, Aurelio Llanes Castaño, abogado del ex alto cargo, planteó que las diligencias debieron archivarse a raíz del fallecimiento de José Antonio Jara, toda vez que éste representaba a la única parte que había recurrido el archivo. De tal forma que, al desaparecer la única acusación -ya que el fiscal solo se había adherido-, la única salida legal sería el sobreseimiento.

La juez de lo Penal dio ayer por bueno el argumento y absolvió 'in voce' al acusado. El caso, con todo, aún no está cerrado, pues cabe recurso ante la Audiencia Provincial.