Tirón de orejas de la Audiencia al juez Castillejos por la instrucción de Umbra

Anula nueve autos sucesivos de prórroga del secreto del caso y critica al magistrado y al fiscal porque sostiene que las resoluciones «ni motivaban ni cumplían mínimamente con la propia función jurisdiccional»

EFE

Martes, 24 de febrero 2015, 13:27

La Audiencia Provincial de Murcia anuló nueve autos sucesivos de prórroga del secreto del caso Umbra, sobre presunta corrupción urbanística en la expansión norte de la ciudad, en dos resoluciones que, al estimar los recursos de varios imputados, critica tanto al juez instructor como al fiscal.

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Las resoluciones de la Audiencia señalan que la insuficiencia de motivación de los autos dictados por el magistrado que instruye las diligencias, David Castillejos, era de tal magnitud que no pudo pasar desapercibida al fiscal, «que es el garante máximo de los derechos fundamentales de los ciudadanos y del principio de legalidad».

Señala la sala, que estima así los recursos presentados por el propietario del Club Real Murcia y promotor urbanístico Jesús Samper y del igualmente imputado Renato del Noce -a los que se adhirieron otros encausados-, que los autos de prórroga del secreto de las actuaciones ni motivaban ni cumplían mínimamente con la propia función jurisdiccional». Llegó a comentar que «para dictar este tipo de autos no hace falta un juez, y es obvio que esta no es la garantía legalmente exigida».

Para el tribunal, las resoluciones del instructor no estaban motivadas porque se limitaban a decir que «no habiendo variado los motivos por los que se declararon secretas estas actuaciones, procede prorrogar dicha medida por tiempo de un mes». Todas estas consideraciones del tribunal se plasman, en los autos notificados ahora a las partes, por remisión a otros dictados con anterioridad en el mismo sentido. Los magistrados deciden así, en esta ocasión, declarar nulos un total de nueve prórrogas del secreto acordadas entre junio de 2012 y enero de 2013.

El caso Umbra, que fue abierto por unas diligencias incoadas en el año 2008, tras de esclarecer si hubo actuaciones delictivas en torno a los convenios urbanísticos aprobados para la expansión norte de la ciudad de Murcia y en otras actuaciones relacionadas con la misma.

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