El fiscal cree que el último responsable de tirar la guardería de La Paz es Cámara

Miguel Ángel Cámara Botía, alcalde popular de Murcia, «es el único sobre el que pende la mencionada actuación y a quien estaban subordinados jerárquicamente las personas que impartieron, sucesivamente, la orden de redacción del Proyecto de Demolición de la Escuela Infantil Municipal Nuestra Señora de La Paz, la atribución de su elaboración y su efectiva redacción por encargo conferido». Así lo afirma el fiscal en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, por el que solicita que el primer edil murciano sea citado a declarar, en calidad de imputado, por el derribo de la guardería del barrio de La Paz.

La investigación judicial por estos hechos se inició en 2011, cuatro años después de que la guardería fuera derribada con la supuesta intención de dejar expedito un solar en el que construir las primeras torres del proyecto de rehabilitación del barrio, que impulsaba el constructor José López Rejas. Casi ocho años después, en ese solar no se ha levantado ninguna vivienda y los alumnos de la antigua guardería dan clases en las aulas prefabricadas.

El exjefe de la Oficina Técnica de Arquitectura del Ayuntamiento, Antonio González Serna, ya explicó en su día ante el juez que la demolición fue una decisión política, ordenada directamente desde la Alcaldía de Murcia, y que los técnicos se limitaron a redactar un proyecto sin interferir ni tomar ninguna decisión sobre el derribo.

El Ministerio Fiscal considera que no solo se debe investigar la supuesta participación del alcalde Cámara en la decisión, sino que además se debe pedir al Ayuntamiento «completa información relativa al canon anual por importe de 24.747 euros, en concepto de cesión de la finca municipal, con especificación del sujeto que haya efectuado los pagos, las cantidades satisfechas y los periodos correspondientes, con justificación documental de dichos extremos». Esta petición se dirige a conocer por qué López Rejas no abonó, a lo largo de más de siete años, ese canon que se había comprometido a pagar por el arrendamiento de un solar en Puente Tocinos, donde se encuentra instalada la guardería provisional, acumulando una deuda superior a los 200.000 euros. Este dinero solo le fue reclamado por el Consistorio en 2014, ya por vía ejecutiva. La Concejalía de Hacienda se negó a ofrecer datos sobre los requerimientos que había realizado al promotor para tratar de cobrar esa deuda, alegando que se trataba de información confidencial.

En el mismo escrito, el fiscal pide que se sobresean los cargos contra el jefe de servicio de escuelas Infantiles del Ayuntamiento, el funcionario José Antonio Peñaranda.

En el caso están imputados los exconcejales Porto, Megía y Berberena.