El presidente del Tribunal de Cuentas cree inviables las sociedades del agua

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, manifestó ayer que «no es razonable» mantener las sociedades estatales de agua. Lo hizo durante la presentación en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) del informe de fiscalización de los convenios de gestión vigentes entre las sociedades estatales de aguas y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino entre 2010 y 2011.

En el mencionado informe recomienda al Gobierno de la Nación que se replantee «la existencia» de las sociedades estatales de agua, después de haber analizado el grado de cumplimiento de las acciones, programas e inversiones de Acuamed, Acuasur, Acuanorte y Acuaebro.

«El trabajo del tribunal ha puesto de manifiesto que siendo instrumentos de gestión mucho más ágiles los creados con estas sociedades estatales, sin embargo han tenido una muy baja ejecución. Por ello se plantea su viabilidad o conveniencia de mantenimiento como una forma de responsabilizarlas frente a unos desfases. No sería razonables mantenerlas», señaló Álvarez de Miranda.

Este trabajo muestra también el «escaso grado de avance de la actividad inversora» de las Sociedades Estatales de Aguas que, a 31 de diciembre de 2010, solo habían invertido un 54% del total necesario para ejecutar las actuaciones que se incluían en los convenios de gestión directa y, a finales de 2011, apenas el 58%.

Además, puso de manifiesto que los Presupuestos Generales del Estado contemplaban 1,74 millones de euros para 2010 y 1,23 millones para 2011, con un descenso del 29%, y que tuvieron unas plantillas medias de 242 y 273 empleados, respectivamente.

Ramón Álvarez de Miranda recalcó que la financiación de obras hidraúlicas se llevaba a efecto mediante fondos propios de la Sociedad Estatal de Aguas, con aportaciones de instituciones públicas o de sujetos privados, con cargo a fondos de la UE o bien acudiendo a los mercados financieros. El documento apunta también «discrepancias» entre las actuaciones a desarrollar y el coste de estas inversiones, así como «desviaciones significativas» en materia presupuestaria.

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas recomienda que, a la vista del «escaso avance en su efectividad como motor de avance de las inversiones», se replantee la existencia de las Sociedades Estatales de Aguas.

«Sería recomendable que se valorara la necesidad de seguir manteniendo esta modalidad de instrumentos de gestión, en particular si se tiene en cuenta que estas sociedades se encuentran sometidas en un grado significativamente menor que la Administración General del Estado a las normas del derecho presupuestario y administrativo», insiste el documento presentado por Álvarez de Miranda.

Asimismo, el documento propone al Gobierno que ponga en marcha medidas y procedimientos que «ayuden a realizar unas previsiones más realistas, tanto en el diseño como en los plazos y costes de las actuaciones, minimizando las desviaciones en la ejecución de los presupuestos motivadas por errores y defectos» en la fase de planificación.

En resumen, advierte del «escaso avance» de estas sociedades estatales en el objetivo de su creación, que era «dar una respuesta eficaz» a la inversión y la gestión de las obras hidráulicas competencia del Estado, tanto en la construcción como en la explotación de las mismas.